La estrategia de seguridad del nuevo gobierno
El periodista Sergio Sarmiento ofrece una visión sobre la reciente presentación de la estrategia nacional en materia de seguridad, a cargo del secretario Omar García Harfuch.
Los cuatro ejes propuestos por García Harfuch, según Sarmiento, son sensatos en su concepción. Entre estos se incluye la importancia de atacar las causas de la inseguridad, algo que ha sido objeto de debate durante años.
Sin embargo, el periodista destaca que no basta con abordar la pobreza o implementar programas sociales indiscriminadamente, sino que hay una realidad que a menudo se pasa por alto en los discursos oficiales: los lugares más inseguros de México, como Baja California o Colima, no son precisamente los más pobres, sino que cuentan con economías relativamente sólidas.
En contraste, Yucatán, el estado más seguro, no es un ejemplo de riqueza desbordante.
Esta observación lleva a una conclusión contundente: la inseguridad no se erradica solo con recursos económicos, sino con la eliminación de la impunidad.
“Mientras los delincuentes puedan cometer delitos y no haya castigo en su contra, la inseguridad y la violencia van a continuar”.
Sergio Sarmiento
La propuesta de atacar las causas debe ir más allá de los estereotipos simplistas que asocian la criminalidad con la pobreza. Regalar dinero o incrementar programas sociales no es la solución definitiva, como la experiencia en diferentes estados ha demostrado.
Lo que realmente falta es un sistema de justicia que funcione, un sistema donde los delincuentes no puedan actuar con la certeza de que no serán castigados. Sin esto, cualquier estrategia, por sensata que parezca, estará incompleta.
Otro eje fundamental que Sarmiento destaca es la necesidad de tener una policía bien organizada y el uso de inteligencia para saber lo que está haciendo la delincuencia.
El enfoque de Sarmiento invita a reflexionar sobre el verdadero desafío que enfrenta México en materia de seguridad. Más allá de las propuestas y planes, la clave está en la ejecución y en la construcción de un sistema que realmente sancione a quienes rompen la ley.
