Norma Piña, Poder Judicial y la crisis judicial

| 02:51 | Redacción Uno TV | UnoTV

Norma Piña presentó un informe que desató respuestas de las ministras alineadas con la mayoría legislativa instalada por el expresidente López Obrador. En entrevista, la doctora María Amparo Casar analizó las implicaciones de estos hechos para el Poder Judicial mexicano y el estado de derecho.

La pérdida no es de Norma Piña, es de México

María Amparo Casar señaló que la narrativa contra el Poder Judicial ha generado una pérdida significativa para el país. “La que perdió no fue Norma Piña, sino México, perdió la democracia mexicana”, afirmó. Añadió que se interrumpió una línea ascendente en la autonomía judicial que comenzó en 1994, cuando se estableció una nueva Suprema Corte con funciones renovadas.

Nuestra anlaista destacó que el discurso del Ejecutivo ha descalificado a los integrantes del Poder Judicial, lo cual impacta en su credibilidad, pese a reconocer que existen problemas de corrupción dentro de este poder.

Leyes clave y decisiones de la Suprema Corte

Durante el análisis, se recordó que decisiones de la Suprema Corte, como la anulación de la Ley de Energía Eléctrica, la reforma electoral y decretos relacionados con obras prioritarias del gobierno, provocaron el enojo presidencial. Según María Amparo Casar, la reacción del Ejecutivo y la mayoría legislativa ha sido desproporcionada, con acciones que buscan debilitar a uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

“Norma Piña tiene toda la razón: se creó una narrativa para desprestigiar al Poder Judicial”, subrayó.

Relación entre estado de derecho, derechos humanos y corrupción

La analista mencionó que la debilidad del Estado de derecho en México está vinculada con índices elevados de corrupción e impunidad.

“A medida que baja el índice de Estado de derecho, también disminuyen los derechos humanos y se eleva la corrupción”, afirmó.

Para finalizar, María Amparo Casar lamentó que el panorama actual del país dificulte una solución a corto plazo. Concluyó que el control del Ejecutivo sobre los tres poderes crea una situación compleja que afectará el desarrollo democrático.

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