La discusión, los debates y las instrumentaciones legales en torno al llamado “Plan B” de la reforma electoral, continúan. En este tenor, recientemente, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina, como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al respecto, nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, considera que la restitución del funcionario del INE es una muestra de lo que se avecina.
“Va a ser un largo conflicto judicial; así lo quiso el Gobierno de la República. Hay que recordar que todas las reformas electorales, de 1994 para acá, incluso previamente, habían sido por consenso y al principio de una administración. Se trataba de tener reglas comunes, compartidas, reglas del juego que hicieran legítimo el proceso electoral”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
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Para nuestro analista, la estrategia del actual gobierno es tratar de “hacerle nocaut” al sistema electoral vigente.
“El gobierno trató de cambiar la Constitución; no le alcanzaron los votos e hizo una reforma legal llena de problemas, porque, precisamente, los actores del pasado han llenado de ‘detalles’ la Constitución para que no puedas, vía una ley, cambiar principios fundamentales del proceso electoral”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El analista señala que lo que está argumentando en la actualidad el INE son dos cosas muy importantes: “Cuando echas a andar una ley, se pone en vigor, si ésta afecta de forma irreparable los derechos de alguien, hay el precedente para que se suspenda porque si no, imagínate, tarda cinco meses en llegar a la discusión de si es constitucional o no y mientras los derechos que querías proteger ya se perdieron”.
“El caso del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, es ejemplo de eso: Si esperamos al fondo, durante meses, donde el INE no tiene al funcionario en cuestión, él no tiene el trabajo que le corresponde, entonces, una magistrada determina regresarlo a trabajar en lo que se analiza si esto es anticonstitucional, porque la discusión de fondo es bastante complicada”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
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Para nuestro analista, lo más importante que el INE está pidiendo es que mientras se analiza a fondo, esta ley (“Plan B”) no esté vigente, lo que significaría que regresemos a la previa.
“Que se suspenda el ‘Plan B’ mientras se analiza el fondo. Hay un antecedente, dos leyes que fueron parte del ‘Plan B’, que se aprobaron antes, están suspendidas para las elecciones de Coahuila y el Estado de México porque el ministro ponente determinó que de no hacerlo se violentaban los derechos mientras se analizaba si la ley es o no constitucional”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El segundo punto importante de las acciones del INE es la andanada de razones por las cuales ha solicitado a la Corte que declare, a su debido tiempo, inconstitucional, los cambios de la llamada “Ley B”.
“Hay que decir, en paralelo, que el Gobierno está metiéndole mucha presión a tener consejeros amigos en el INE. Están a marchas forzadas queriendo nombrar gente que les sean cercanas, porque muchas de estas decisiones las toma el presidente del INE y si el presidente es amigo ya no interpondría la controversia constitucional”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
