Alicia Salgado, reflexiona sobre la iniciativa enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados sobre reformas administrativas, la cual dice la experta “ha levantado la voz del sector privado en todas sus dimensiones, pero también de muchos de los principales opinadores de materia legislativa o jurídica”.
De acuerdo con la experta, se trata de una especie de legislación ‘omnibus’ que incluye de todo un poco, y explica de qué va:
"Es una reforma a 23 leyes que que van desde: la Administración Pública Federal hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley de obra pública, también las leyes de los organismos como Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otras que son verdaderamente importantes que tienen que ver con el proceso administrativo y la contratación pública, las obras de adquisiciones y obra pública, la de arrendamientos etcétera".
¿Qué es lo que busca esta iniciativa?, según Salgado, “el objetivo planteado es revertir actos de corrupción pasados y también poder darle garantías al Estado de que pueda negarse a indemnizar en los términos en que un tribunal pudiera dar la razón a un particular. Ellos argumentan que esto ha generado muchos litigios y que al final de cuentas genera una contingencia importante en las finanzas públicas“.
“Para evitar dicha consistencia lo que se hace es, en aras de evitar lucros indebidos, en lugar de reconocer que las acciones administrativas o las acciones de regulación o del Estado causan lesión a los intereses de los particulares que fueron contratados o en contrato, hoy lo que pretenden es establecer medidas postcontrato ‘a modo’ en favor del Estado2.
Alicia Salgado, analista
Al respecto, la analista señala que “hay dos de ellas que me impresionan”, una de ellas es “una cláusula obligatoria que tendría que incluirse en los contratos donde se obligaría la terminación anticipada por causa de interés público en todo tipo de contratos con la Administración Pública Federal, sean contratos nacionales o internacionales”, sin embargo, afirma que “difícilmente esto pasaría por el tamiz del T-MEC y los 46 tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país”
“Otra más que llama mucho la atención es que en aras de las salvaguarda las finanzas públicas y la prevención de actos lesivos, que pudieran causar daño al erario, se facilita la revocación de concesiones, contrataciones, anulación de licitaciones, adquisiciones, autorizaciones, etcétera”.
Alicia Salgado, analista
Y otra de las cosas es que, según la analista, “se pretende obligar a que en todos los contratos de bienes nacionales o internacionales se incluyan de forma obligatoria una cláusula llamada “cláusula exorbitante”, que supone establecer límites para la procedencia de la cuantificación de indemnizaciones en contra del Estado”.
Es por ello, que Alicia Salgado asegura que “esto ha levantado todas las voces del sector privado y está generando una fuerte polémica”, ya que “modifica sustancialmente las relaciones económicas entre las personas, los ciudadanos y las empresas privadas con el Estado”.
“Según estas voces sería nugatoria la relación económica, pero también pondría en serio riesgo la seguridad jurídica de la actividad productiva en México”.
Alicia Salgado, analista
