El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó este viernes que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ente regulador en materia energética, haya aprobado el jueves que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumente las tarifas de transmisión a los competidores privados, lo que llamó "electrolinazo", además de que pidió que se haga totalmente público el proyecto.
En conferencia de prensa virtual, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, acusó que con las modificaciones se afecte el Estado de derecho y se ahuyenten las inversiones, y más en el contexto de la puesta en marcha del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC): "Es enorme la opacidad que se da en organismos reguladores; deberían de ser árbitros y contrapeso que vea agentes económicos en el sector para tomar decisiones".
Esto, obviamente, es inadmisible. Le pedimos a la Comisión Reguladora de Energía [&] que cumpla con la ley y haga público su acuerdo de inmediato. Éste es un electrolinazo que afecta gravemente al país entero, el costo de la electricidad se verá afectado considerablemente, y con él muchos bienes y servicios".
Trato justo para todos los sectores
El presidente del CCE anotó que la CRE no es imparcial y que a pesar de no tener cuantificados los daños a los sectores industrial, comercial y de consumo doméstico, en principio podría afectar al 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Carlos Salazar Lomelín agregó durante su intervención, también difundida en las redes sociales, que privilegiar a la CFE "en perjuicio y por encima del resto de los participantes del mercado es un atropello".
Un atropello para el Estado de derecho y es contrario a la lógica constitucional y regulatoria que se buscaba en la CRE, como órgano imparcial para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia y proteger intereses de usuarios. Nos parece que es mandar un pésimo mensaje a los inversionistas extranjeros y nacionales, de que aquí se cambian las leyes para favorecer a un participante".
- Dijo que esta medida ocasionaría que personas, empresas y prestadores de servicios afectados apliquen serie de amparos a través del poder judicial.