Función Pública prevé auditorías externas para caso OHL
Confió en tener resultados pronto. Foto: Cuartoscuro
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, prevé contratar auditorías externas para investigar los contratos de la empresa OHL con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Entrevistado en la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que el primer objetivo de las auditorías solicitadas por la propia SCT es aclarar debidamente lo que ha pasado con esos contratos.
Confió en tener resultados pronto y adelantó que la Función Pública está facultada para contratar auditores externos para dar más transparencia e independencia de la investigación.
La auditoría hecha por la SFP será sólo de los contratos de OHL con la Secretaría de Comunicaciones o los que tengan recursos federales, y las autoridades competentes deberán investigar a nivel estatal, aclaró.
En otro tema, Andrade Martínez estimó que las leyes secundarias pendientes para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción se enriquecerán en el Congreso con la participación de la sociedad civil, funcionarios y legisladores, y consideró que ha habido un buen inicio.
Destacó medidas como la declaración patrimonial para detectar posibles conflictos de interés y el listado de funcionarios y empresas que participan en licitaciones públicas, implementadas por la SFP en meses pasados, que están en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Refirió que el próximo domingo vencerá el plazo para que los 206 mil servidores públicos obligados entreguen su declaración patrimonial con los formatos que incluyen medidas contra conflicto de interés y que hasta ahora 70 por ciento lo ha hecho.
El secretario recordó que si bien cada funcionario tiene derecho a decidir hasta qué punto hacer pública su declaración, están obligados a entregarla a la autoridad.
Añadió que con el Sistema Nacional Anticorrupción esos expedientes permanecerán abiertos por siete años y las declaraciones patrimoniales servirán como documentos probatorios llegado el caso.