Senadores del PRD reconocen cambios en materia de desaparición forzada
Alejandro Encinas en el Senado durante el cambio del art. 73 de la Constitución. Foto: Cuartoscuro
La reforma al artículo 73 Constitucional en materia de desaparición forzada y tortura permitirá dar un paso definitivo en la protección de los derechos humanos y da respuesta a las recomendaciones hechas por organismos internacionales, aseguraron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, indicó que la desaparición forzada o perpetrada entre particulares y la tortura, constituyen delitos graves, por lo que la reforma responde a este compromiso y a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por separado el senador Alejandro Encinas Rodríguez mencionó que esta reforma implica que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, pero también para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas ante hechos delictivos.
“Muchos de nosotros iniciamos y nos formamos en la vida política justamente luchando por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos”, insistió.
Afirmó que establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley como la tortura, permitirá enfrentar con mayor eficacia ese tipo abusos por parte de la autoridad.
En tanto el senador Zoé Robledo señaló que la reforma al 73 Constitucional en materia de desaparición forzada y tortura, también es una oportunidad para poder legislar acerca de desplazamiento interno.
“Estoy convencido que todos tenemos derecho a la libertad y los desplazados en México hoy no son personas libres”, lamentó.
Consideró que las modificaciones permitirán darle un reconocimiento en una dimensión judicial a la problemática de desplazamiento forzado, por lo que podrá ser un tema atendido por el Estado.
