Índices delictivos se mantienen pese a gasto en seguridad: ASF
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública creció 888%.
El gasto público en materia de seguridad ha crecido sustancialmente pero no se ha reflejado en la reducción de los índices delictivos, señaló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal.
Durante su participación en el Seminario sobre la Violencia en México, organizado por el Colegio de México, expuso que el diseño institucional sólo permite a la ASF revisar el gasto público una vez que ha sido ejercido.
Agregó que el resultado se presenta 14 meses después del cierre del ejercicio fiscal que se revisa, de ahí la escasa repercusión que tiene en la conformación del presupuesto del año siguiente.
Las labores de fiscalización se reducen a la revisión del ejercicio del gasto y la Auditoria Superior no tiene facultades de sanción, por lo que no se justifica que se corresponsabilice del deterioro de la Seguridad Pública.
Destacó que en los últimos 10 años se consiguió que 80 mil millones de pesos se aplicaran a los rubros específicos para los que fueron autorizados, en los que se incluyen los destinados a la seguridad.
El auditor superior de la Federación añadió que desde hace dos años han impulsado una propuesta de reformas para crear una Ley General del Gasto Federalizado, que permita dar integralidad a la gestión y resultados de los recursos que se transfieren a los estados y los municipios.
Lo anterior, para modificar los plazos que permitan corregir deficiencias en los presupuestos de cada año considerando los resultados del anterior.
Ante los organizadores y participantes en el seminario, en la sede del Colegio del México, Portal Martínez presentó los resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 en materia de seguridad, último año del que se tienen resultados definitivos.
En ese sentido, evidenció que, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública creció 888 por ciento, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se redujo en 26 por ciento.
Detalló que además de la reducción en los fondos del FASP, la Auditoría Superior detectó que 54.6 por ciento de los recursos transferidos, equivalentes a más de cuatro mil millones de pesos, no fueron ejercidos en el año fiscal correspondiente.
Eso se debió, entre otras razones, a que los convenios de coordinación en materia de seguridad pública no se concretan con oportunidad por el complejo proceso administrativo de negociación y concentración entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades federativas.
En tanto, el Subsidio para la Seguridad de Estados y Municipios (Subsemun), que tiene como objetivo apoyar la profesionalización de las policías y promover nuevos modelos basado en la prevención del delito y en la inteligencia policial, no logró los objetivos previstos.
Explicó que eso se debió a que los recursos se desviaron, no fueron destinados para el objetivo previsto y se comprobó que no hay vinculación entre el uso de los recursos y la disminución del índice delictivo.
A pesar de lo anterior, Juan Manuel Portal hizo notar que el gasto público en materia de seguridad no es la única variable que explica los problemas de seguridad que abruman a la sociedad, en los que influyen también el nivel educativo, la responsabilidad social, el entorno económico y los valores del individuo.
Entre los especialistas invitados a comentar la exposición del auditor se encontraba la ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, quien advirtió que nadie espera que sólo con más presupuesto se mejore la seguridad pública.
Además, destacó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana, aunque reiteró que la responsabilidad última recae en el gobierno.
El mismo sentido, la otra comentarista, la representante de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, lamentó la poca participación de los ciudadanos en organizaciones sociales que pugnen por una auténtica rendición de cuentas.