Investigación de Corte Suprema sobre Petrobras cimbra a Brasil
La orden incluye recabar datos sobre 32 parlamentarios y 12 exdiputados.
El sistema político brasileño fue puesto en jaque con la decisión de la Corte Suprema de investigar por el caso de corrupción en la estatal Petrobras a los jefes de las dos cámaras legislativas y a otros 32 parlamentarios y a 12 exdiputados, entre ellos cuatro exministros de la presidenta Dilma Rousseff.
La divulgación de la lista de sospechosos con foro privilegiado, que solo pueden ser juzgados por el Supremo, que la Justicia ordenó investigar anoche, impactó directamente al Gobierno, ya que incluye a importantes excolaboradores de Rousseff y de su campaña electoral, y reveló que hasta la jefa de Estado fue relacionada con el escándalo.
Pero también agravó las ya tensas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, ya que la lista incluye a importantes parlamentarios de partidos oficialistas cuya relación con Rousseff pendía de un hilo y que acusan a la Fiscalía de hacerle juego al Ejecutivo.
A petición de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), el magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en la Corte Suprema, autorizó la apertura de investigaciones contra 49 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista, por el escándalo en Petrobras.
Los investigados fueron mencionados como beneficiarios de las corruptelas en la mayor empresa de Brasil por integrantes de la red de corrupción que colaboran con la Fiscalía a cambio de reducción en sus penas.
Además de los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la lista incluye al expresidente brasileño Fernando Collor y a cuatro exministros de Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia) y los exdiputados Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
Igualmente figuran en la lista el senador Humberto Costa, que fue ministro de Salud durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y la exgobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney, hija del expresidente José Sarney.
Las formaciones implicadas son el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff; el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, y los también oficialistas Partido Progresista (PP) y Partido Laborista Brasileño (PTB).
De la oposición solo será investigado el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La decisión, además, coloca en ruta de choque a Rousseff y a los presidentes del Senado y de la Cámara baja, importantes dirigentes del PMDB, mayor fuerza electoral del país, que acusan al Ejecutivo de estar detrás de las acusaciones.
"Sabemos exactamente el juego político que ocurrió y no podemos quedarnos callados sin denunciar la politización y la intervención (del Gobierno) en la estructura de la Procuraduría", afirmó Cunha en Twitter, donde acusó al procurador de preparar el terreno para ser confirmado en el cargo por Rousseff.
En respuesta, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo negó este sábado que el Gobierno haya intervenido o influido en la decisión de la corte.
"Quiero reafirmar que en ningún momento el Gobierno o cualquiera de sus miembros ejerció o hizo algo para influir en la decisión, o colocar o retirar nombres en la lista de investigados", afirmó al agregar que es ilógico acusar al Ejecutivo de influir en una decisión que terminó afectando en su mayoría a políticos del oficialista PT y de sus aliados.
La decisión de la Corte Suprema dejó en la mira a Rousseff porque fue mencionada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, aunque se libró de un proceso dado que la Fiscalía alega que un presidente sólo puede ser investigado por actos cometidos durante su Gobierno y las irregularidades en las que se le cita supuestamente ocurrieron antes de que fuera elegida para su primer mandato, en 2010.
El ministro de Justicia, sin embargo, dijo este sábado que Rousseff no fue incluida en la lista porque no había indicios en su contra.
La corte, sin embargo, ordenó que se investigue al exministro Palocci, coordinador de la campaña de Rousseff en 2010, por supuestamente haber recibido recursos desviados de Petrobras para financiar las cuentas de campaña.
El escándalo en Petrobras se investiga desde hace casi un año y hasta ahora ha llevado a prisión a exdirectivos de la petrolera y a un grupo de empresarios que participaba en negocios con la estatal.
Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como "donaciones" para sus campañas electorales.
