Buscan proteger medio ambiente en proceso de paz de Colombia
La construcción de paz implica respuestas rápidas desde la institucionalidad ambiental. Foto: AP/Archivo
La gran paradoja del post-acuerdo con la insurgencia y del proceso de construcción de paz en Colombia puede ser la de sus implicaciones en el medio ambiente, destacó un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la cooperación del gobierno alemán.
“La incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación e implementación de los acuerdos, dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles”, destacó el estudio de la ONU.
El documento advirtió que ignorar o desconocer este “aspecto podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la nación y al fracaso económico y social de muchas de las intervenciones que se implementen”.
El estudio señaló que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz, son áreas de altísima relevancia ambiental.
Las áreas principales son desarrollo de infraestructura, apertura de mercados y capitales, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, entre otras.
En el análisis que hicieron los expertos, señalaron que el 90% de los municipios, “con prioridad en el pos-acuerdo, tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 100% de su área bajo estas figuras”.
Además la “implementación de la Reforma Rural Integral impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas distintas a los que su vocación permite”.
La asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los ex combatientes, apuntó, así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras, “debe considerar tanto la vocación productiva de la población como las características biofísicas del suelo y la oferta natural disponible”.
Argumentó que a “partir de la base natural se presentan una serie de posibilidades para dinamizar las economías rurales con participación de víctimas del conflicto, ex combatientes y organizaciones de las comunidades”.
Los acuerdos y la nueva dinámica social y política, “muy posiblemente generarán condiciones para mejorar la competitividad de las regiones y del país, que es necesario evaluar y potenciar, como por ejemplo, el agro y ecoturismo, la bioprospección, el pago por servicios ambientales”.
Planteó que la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos. Además, el informe resaltó que estas respuestas requieren capacidades tanto técnicas como financieras para atender los retos del pos-acuerdo en lo referente con las acciones de planificación, monitoreo y control.
Sin embargo, advirtió, “hay una tendencia a disminuir los recursos financieros asignados a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), que de hecho ya son pocos. En 2012, el presupuesto del SINA fue una tercera parte de lo que fue en 1998”.
