Juicio político en México: De Jorge Carrillo Olea a Samuel García; estos son los gobernadores que han enfrentado este proceso
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró como procedente la solicitud de iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García por su presunta injerencia en las elecciones del año pasado.
De la misma manera, personal de la Fiscalía de Morelos ha solicitado a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia en contra del ahora diputado Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de la entidad, quien ya había enfrentado un proceso similar cuando era presidente municipal de Cuernavaca.
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Estos dos casos bastan para recordar que en México varios gobernadores han enfrentado una solicitud de juicio político tras ser señalados por ser partícipes en presuntos delitos.
Cabe mencionar que entre los casos donde un juicio político ha prosperado, destaca el del gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea (1994-1998) quien en medio de los cuestionamientos dejó su cargo.
El exgeneral fue sentenciado e inhabilitado por 14 años, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que sí era sujeto de juicio.
¿Qué es un juicio político?
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, el juicio político es un mecanismo de control constitucional mediante el cual se sanciona a servidores públicos por actos u omisiones que afectan los intereses públicos fundamentales o el buen despacho del gobierno.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, este proceso es aplicable a funcionarios de alto nivel, como el presidente, ministros, legisladores y gobernadores, cuando incurren en faltas graves, como ataques a las instituciones democráticas, violaciones sistemáticas a los derechos ciudadanos o el uso indebido de recursos públicos.
El Congreso de la Unión es el encargado de evaluar la gravedad de las conductas y determinar si procede la sanción.
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En caso de que los hechos sean constitutivos de delito, se da paso a un proceso penal. No obstante, el juicio político no aplica por la simple expresión de ideas, garantizando así la libertad de opinión en el ejercicio público.
Este mecanismo busca asegurar que los funcionarios actúen en apego a la legalidad y en beneficio de la sociedad, protegiendo el funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado.
¿Qué gobernadores han enfrentado un proceso o solicitud de juicio político en México?
Además de los gobernadores mencionados, estos son algunos mandatarios que han enfrentado la solicitud y, en su caso, proceso de juicio político en México.
Sergio Estrada Cajigal (Morelos, 2000-2006)
En mayo de 2004, el Congreso local de Morelos aprobó iniciar un proceso de juicio político en contra del gobernador Sergio Estrada Cajigal.
El recurso fue promovido por el Foro Morelense de Abogados por omisiones en sus funciones y presunta asociación con grupos delincuenciales.
Marco Antonio Adame Castillo (Morelos, 2006-2012)
En febrero de 2011, el Congreso de Morelos recibió la solicitud de juicio político en contra del todavía gobernado Marco Antonio Adame, por presunta violación de leyes estatales ante la violencia e inseguridad en la entidad.
En 2010, el Colegio de Abogados Laboristas de Morelos ya había interpuesto un recurso similar por presuntos desacatos a amparos emitidos por el Poder Judicial federal y estatal.
Javier Duarte (2010-2016)
Acusado de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, Duarte fue detenido en 2017 y condenado a nueve años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
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El exgobernador enfrentó una denuncia de juicio político en 2016, aunque legisladores del Congreso local rechazaron dicha petición en marzo de dicho año al argumentar que la propuesta “estaba basada en percepciones y alegatos que no tienen sustento jurídico”.
Roberto Borge Angulo (Quintana Roo, 2011-2016)
Enfrentó acusaciones por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
Fue detenido en 2017 y extraditado a México en 2018 para enfrentar cargos relacionados con la venta irregular de bienes del estado.
En 2016 una asociación llamada “Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo” presentó una demanda de juicio político en contra de Borge por la presunta venta de 44 predios, patrimonio del estado.
Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit 2011-2017)
En 2018 el Congreso de Nayarit inicio el procedimiento de juicio político en contra de Roberto Sandoval Castañeda por manejo indebido de fondos y recursos durante su gestión.
Además, se abrieron procesos en contra de varios de sus funcionarios.
Graco Ramírez (Morelos 2012-2018)
En 2020 el exgobernador de Morelos fue notificado por un juicio político en su contra por señalamientos presuntamente cometidos durante su gestión al frente del estado.
En este caso, el gobernador fue señalado por no haber entregado recursos al Instituto Electoral del Estado de Morelos y a la Fiscalía del estado durante 2018.
Javier Corral Jurado (Chihuahua, 2016-2021)
Tras concluir su mandato, Javier Corral ha enfrentado acusaciones de desvío de recursos y uso indebido de funciones.
El exmandatario sostiene que estas imputaciones son una represalia política por sus acciones contra la corrupción durante su gobierno.
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En 2022 el congreso local de Chihuahua aprobó una denuncia de juicio político en su contra.
Hasta 2023, tres solicitudes de juicio político en contra de Javier Corral no habían prosperado.
Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morelos, 2018-2024)
En febrero de 2025, la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero del exgobernador y actual diputado federal para investigarlo por presunta tentativa de violación contra su hermanastra.
Además, su administración ha sido señalada por posibles actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
En 2023, asociaciones de abogados de la entidad ya habían solicitado una demanda de juicio político en contra del exfutbolista profesional por supuesta omisión en labores de seguridad y mal manejo de recursos públicos.
En 2016, Blanco ya había enfrentado un proceso similar cuando era presidente municipal de Cuernavaca, por el cual la SCJN le otorgó un amparo.
Samuel García Sepúlveda (Nuevo León, 2021-2027)
En febrero de 2025, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró procedente el inicio de un juicio político en su contra por presuntas violaciones electorales, incluyendo uso indebido de recursos públicos y vulneración de principios de imparcialidad en la contienda electoral.
Otros casos
Además de los casos previamente mencionados, otros gobernadores en México han enfrentado procedimientos de juicio político o acusaciones legales significativas:
- Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999)
Al concluir su mandato, fue acusado de facilitar el tráfico de drogas a través de su estado.
Estuvo prófugo durante dos años hasta su captura en 2001. Fue extraditado a Estados Unidos en 2010, donde enfrentó cargos por lavado de dinero.
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- César Duarte Jáquez (Chihuahua, 2010-2016)
Tras su gestión, fue acusado de peculado y desvío de recursos públicos.
Se emitió una orden de aprehensión en su contra en 2017, y fue detenido en Estados Unidos en 2020, enfrentando procesos de extradición.
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas, 2016-2022)
En 2021, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del gobernador por presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y fraude fiscal.
Aunque la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero, el Congreso de Tamaulipas no reconoció esta decisión, generando un conflicto legal sobre su inmunidad.
