Entrega de narcotraficantes fue un regalo para calmar la ira de Trump: experta
Sobre la reciente entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, la Dra. María Teresa Paredes Hernández, señala que esta acción no cumplió con los requisitos legales de una extradición formal, lo que podría constituir una violación a la Constitución mexicana y al Estado de derecho.
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Como consejera nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y especialista en Sistema Acusatorio, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Dra. Paredes Hernández explicó que el proceso careció de los elementos establecidos en la Ley de Extradición.
“No podemos hablar de una extradición cuando no se respetaron los procedimientos legales. Esta fue una decisión del gabinete de seguridad, lo que genera preocupación sobre el respeto a la seguridad jurídica en México”, afirmó.
No fue una extradición, sino una entrega sin proceso legal
La especialista cuestionó que varios de los detenidos contaban con suspensiones judiciales otorgadas por jueces, las cuales fueron ignoradas en la decisión del Gobierno federal. “Se vulneró el artículo 1° de la Constitución, que garantiza los Derechos Humanos y el acceso a la justicia. El procedimiento fue acelerado sin cumplir con las garantías procesales”, agregó.
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Además, advirtió sobre el precedente que deja esta decisión. “Si el gabinete de Seguridad puede pasar por encima de un juez y decidir unilateralmente sobre la entrega de una persona, ¿qué nos dice esto sobre el respeto a las instituciones?”, cuestionó.
Pena de muerte y cadena perpetua: riesgos para los detenidos
Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es la posibilidad de que seis de los 29 detenidos enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos.
“La Ley de Extradición establece que solo se podrá conceder la entrega si el país solicitante se compromete a no aplicar la pena capital. En este caso, al no haber una extradición formal, no existe esa garantía”, explicó.
También destacó que México no contempla la cadena perpetua, por lo que los acusados podrían recibir condenas más severas en EE.UU. de las que enfrentarían en el sistema judicial mexicano. “En México hay penas de hasta 70 años de prisión, pero no prisión de por vida. Este es un punto clave que no se consideró en la entrega”, señaló.
Decisión política o estrategia de seguridad
La Dra. Paredes Hernández sugirió que esta acción responde más a una estrategia política que a un proceso judicial.
“Estamos viendo una decisión que no se basa en la ley, sino en una posible presión del Gobierno de Estados Unidos. Se mencionó que los detenidos son un riesgo para la seguridad nacional, pero varios de ellos no están vinculados con delitos recientes relacionados con el fentanilo“, afirmó.
También comparó este caso con el tratamiento que EE.UU. da a sus propios ciudadanos. “En Estados Unidos, cuando un conacional comete un delito, no puede ser entregado a otro país sin seguir un proceso judicial estricto. Aquí no hubo ese rigor legal, lo que pone en duda la reciprocidad entre ambos países”, añadió.
Se vulnera la seguridad jurídica en México
Para la experta en derecho penal, esta decisión podría debilitar el sistema judicial mexicano y afectar el equilibrio de poderes. “Si existe una Ley de Extradición, ¿por qué no se siguió? Si hay suspensiones judiciales, ¿por qué no se respetaron? Se está enviando el mensaje de que las leyes pueden ser ignoradas por decisiones políticas”, advirtió.
La Dra. María Teresa Paredes Hernández concluyó que este caso es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en la aplicación del Estado de derecho y la protección de las garantías individuales, elementos fundamentales en cualquier sistema democrático.
