Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México acordaron el martes, con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y asesores enviados por el presidente demócrata Joe Biden, proteger a migrantes en la frontera compartida, y un plan para impulsar a la economía regional.
A través de un comunicado de prensa difundido en redes sociales, la SRE de México explicó que presentaron los avances del Plan de Desarrollo Integral para promover impulso económico y atender las causas estructurales que expulsan a migrantes, sobre todo desde el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por:
- Honduras
- Guatemala
- El Salvador
El objetivo del encuentro entre Marcelo Ebrard, titular de la SRE de México, y Roberta Jacobson, asesora de Joe Biden para temas de la frontera suroccidental de Estados Unidos, fue pactar la promoción del “desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica” para mitigar la partida de migrantes de esa zona continental.
“Se abordaron mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente enfocados en proteger a los infantes migrantes (en la frontera compartida entre México y Estados Unidos)”.
Organismos regionales
En la reunión de los enviados desde Estados Unidos a México, estuvo presente de manera virtual Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien compartió un plan de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) elaborado junto a México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
El documento aborda:
- Bienestar social
- Desarrollo económico
- Combate al cambio climático
- Gestión integral del ciclo migratorio
En la reunión Estados Unidos–México para atender migrantes se presentaron avances de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica, alcanzados gracias a recursos entregados a beneficiarios. Coincidieron en fortalecer la cooperación para estimular la economía regional de una manera más equitativa.
Los funcionarios de Estados Unidos dialogaron con autoridades de la SRE de México y del Instituto Nacional de Migración (INM): enlistaron los retos del diseño de un modelo que proteja derechos humanos de los migrantes, y destacaron la necesidad de implementar incentivos para alcanzar una migración ordenada segura y regular.