Cuestiona CIDH Reforma al Poder Judicial en México
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencia pública desde Washington, Estados Unidos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la Reforma al Poder Judicial
La presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, y la relatora para México, Andrea Pochak cuestionaron la reforma judicial.
“Este proceso de reforma en particular ¿Nos lleva a mejorar la independencia, la imparcialidad y la eficacia? Creo que el riesgo real del que todo el mundo esté hablando es el diseño, el nuevo diseño…”.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
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“¿Por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y las defensorías y sólo se limitó al Poder Judicial?, ¿qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? …”.
Andrea Pochak, Relatora de la CIDH para México.
La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, puso en tela de juicio las elecciones.
“La reforma carece de un mecanismo transparente, independiente y accesible para verificar el cumplimiento de los candidatos con los requisitos de capacidad de capacitación e integridad…”.
Margaret Satterthwait, relatora Especial ONU sobre independencia de magistrados y abogados.
El comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional, Carlos Bernal, dijo que la reforma judicial no atendió los principios de mérito, derechos adquiridos, confianza legítima y, además, se violó el debido proceso constitucional.
“Este es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo, cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al ejecutivo”.
Carlos Bernal, comisionado de la CIDH.
Funcionarios mexicanos defendieron la reforma judicial
La Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por José Antonio Montero, respondió que la reforma judicial era necesaria.
“Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y los estados”.
José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales, Consejería Jurídica.
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La representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Luz Elena Baños, también defendió la reforma.
“El proceso de reforma, al igual que otros procesos similares, se desarrolló de conformidad con el marco normativo nacional acorde a los procedimientos institucionales previstos de manera clara en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias”.
Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA.
En contraste, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidieron a la Comisión y a la ONU fijar una postura.
“… Se pronuncie públicamente sobre la reforma, de considerarlo oportuno, lo haga de forma conjunta con la relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU…”.
Manuel Saturnino Ordóñez, Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
