La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitieron comunicados en los que manifestaron de manera unánime su rechazo hacia la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que regula el outsourcing o subcontratación en el territorio nacional.
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La Coparmex aclaró en su comunicación difundida en las redes sociales que esta iniciativa contra el outsourcing viola el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), misma que “promueve el tripartismo y el diálogo social”, además de que se pone en riesgo “a 4.6 millones de personas ocupadas” bajo ese esquema de contratación.
La Coparmex comentó:
“(AMLO) está obligado, por tratados internacionales, a consultar y luego a decidir […] Esta iniciativa contra el outsourcing tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR (Impuesto Sobre la Renta) y acreditar el IVA (Impuesto al Valor Agregado), catalogando tales actos como defraudación fiscal”.
Además, la Coparmex señala sobre la iniciativa para regular el outsourcing:
- Resulta excesivamente burocrática.
- El outsourcing genera actividad económica y empleo formal y digno.
- Traslada obligaciones a contribuyentes que corresponden originalmente al Gobierno.
El CCE y el outsourcing
Por su parte, el CCE adelantó que la iniciativa que regula el outsourcing es “recibida con sorpresa y preocupación” porque también “viola el compromiso expreso” del Gobierno federal de llevar a cabo una consulta, con empresarios que son afectados por estas disposiciones, para la elaboración del proyecto que fue anunciado en la conferencia de prensa mañanera del presidente.
El CCE añade sobre la iniciativa que regula en outsourcing:
- Ese grupo se comprometió a terminar con los abusos.
- Sin embargo, reclama que la iniciativa no les fue consultada.
- Con esto, se rompen acuerdos alcanzados entre el CCE y el Senado de la República.
“Estamos de acuerdo en que (el outsourcing) que no cumple con la ley vigente priva a trabajadores de derechos y debe erradicarse. (Pero) una regulación restrictiva conllevaría efectos nocivos: pérdida de empleos y riesgo en exportaciones, ya que sectores como industria automotriz, aeroespacial, electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal”.
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