Perú anunció un estado de emergencia en todo el país, otorgando poderes especiales a la policía y limitando las libertades, incluido el derecho de reunión, tras una semana de feroces protestas que han dejado al menos ocho muertos.
Las protestas fueron provocadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre en una votación de juicio político. Castillo, elegido en 2021, fue arrestado luego de intentar ilegalmente disolver el Congreso de la nación andina, la última de una serie de crisis políticas que ha enfrentado el segundo mayor productor de cobre del mundo en los últimos años.
El abogado de Castillo renunció y expresó que no pudo preparar la defensa porque no se le brindó acceso al lugar en donde está recluido el expresidente. Los fiscales dijeron que buscaban 18 meses de prisión preventiva para Castillo, quien ha sido acusado de rebelión y conspiración. La Corte Suprema de Perú se reunió para considerar la solicitud, pero luego suspendió la sesión hasta el jueves.
La exvicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, asumió el cargo después de su destitución.
La agitación política ha provocado protestas enojadas y, a veces, violentas en todo el país andino, especialmente en las regiones rurales y mineras que impulsaron al excampesino y maestro al poder en julio del año pasado.
Castillo por su parte pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intercediera por él, y decenas de simpatizantes se congregaron en la prisión exigiendo su liberación.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía y analistas dijeron que Castillo no puede ser liberado mientras la Corte Suprema resuelve la solicitud de los fiscales.
El Poder Judicial de Perú dijo en Twitter que el viernes realizará una audiencia sobre una “solicitud de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo y (exprimer ministro) Aníbal Torres, investigados por los delitos de rebelión y otros”.
