Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, extendió este lunes una pausa temporal en una ley de Texas, respaldada por los republicanos, que permite a las autoridades estatales arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera desde México.
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La medida de Alito da a los jueces más tiempo para sopesar una solicitud del Gobierno del presidente Joe Biden de congelar una orden judicial que permite que la ley de Texas entre en vigor mientras su impugnación avanza en tribunales inferiores.
Ley de Texas para detener migrantes, viola Constitución de EU
La administración ha dicho que la medida de Texas viola la Constitución de Estados Unidos y la ley federal al interferir con el poder del gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración.
Alito maneja ciertos asuntos de emergencia que involucran casos de un grupo de estados, incluido Texas. Su orden no especificaba una fecha límite. Él o la Corte Suprema en pleno podrían tomar nuevas medidas en cualquier momento.
Gobierno de México recibe con beneplácito decisión de juez
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió con beneplácito la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
Esto, al suspender de forma indefinida la aplicación de la ley de Texas (SB4) que criminaliza la estancia de personas indocumentadas en el estado.
“La ley fue señalada como inconstitucional al otorgar facultades a autoridades estatales y locales para ejercer acciones migratorias, capacidad exclusiva de autoridades federales de Estados Unidos”.
SRE.
Agregó que rechaza cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará velando por la protección consular de las y los mexicanos en donde quiera que se encuentren”.
SRE.
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¿Qué es la Ley SB4 de Texas?
El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó en diciembre pasado la ley.
Norma que autoriza a las autoridades estatales a arrestar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, otorgando a los funcionarios locales poderes delegados durante mucho tiempo al gobierno federal.
El Departamento de Justicia presentó una demanda en enero para bloquear la medida, que originalmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
El 29 de febrero, el distrito federal David Ezra, con sede en Texas, se puso del lado de la administración.
Asimismo, acordó bloquear preliminarmente a los funcionarios del estado para que no hicieran cumplir la ley, diciendo que “amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz”.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans. Detuvo el fallo de Ezra en una orden que habría permitido que la ley entrara en vigor el 10 de marzo, lo que llevó al Gobierno federal a presentar una solicitud de emergencia a la Corte Suprema.
