El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó este jueves a entregar la grabación de su declaración a un fiscal especial que provocó un diluvio de comentarios sobre su memoria y agilidad mental.
Los congresistas republicanos reclaman las cintas de su declaración de octubre al fiscal especial Robert Hur, quien le investigó por posesión de documentos clasificados.
En febrero, Hur llegó a la conclusión de que no se justificaban los cargos, pero afirmó que Biden, de 81 años, tenía “precisión y memoria limitadas” y que un jurado probablemente lo vería como “un anciano simpático y bienintencionado con mala memoria”.
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El Departamento de Justicia y el abogado de la Casa Blanca informaron a comités de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que Biden hará valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones.
Los republicanos quieren la declaración para centrar el foco en la edad de Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre que disputará contra su predecesor Donald Trump, de 77 años.
El abogado de la Casa Blanca Ed Siskel asegura que Biden hace uso del privilegio ejecutivo sobre las grabaciones para proteger la “integridad, eficacia e independencia del Departamento de Justicia y sus investigaciones sobre la aplicación de la ley”.
Los republicanos de dos comités de la Cámara de Representantes tienen previsto presentar este jueves resoluciones que declaran al fiscal general Merrick Garland en desacato al poder de investigación del Congreso después de que el Departamento de Justicia se negara a entregar las cintas.
Biden señala posibles “propósitos “partidistas”
Los republicanos del comité judicial estiman que el rechazo responde a motivaciones políticas para proteger al presidente.
Pero el departamento ya ha publicado las transcripciones de las declaraciones y argumenta que los republicanos quieren las cintas simplemente para utilizarlas en anuncios de campaña en apoyo a Trump.
“La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: desmenuzarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas”, dijo Siskel en su carta a los comités.
Garland nombró a Hur en enero de 2023 para investigar a Biden. Llegó a la conclusión de que el presidente conservó indebidamente documentos clasificados una vez finalizado su mandato como vicepresidente en 2017 pero no se justifica imponer cargos penales.
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“Para determinar si el abogado especial ha aplicado adecuadamente la justicia al no procesar –no recomendar el procesamiento- del presidente, las grabaciones son necesarias”, consideró el presidente del comité judicial, Jim Jordan, cuando el panel comenzó a considerar la citación por desacato de Garland.
“Las transcripciones por sí solas no son prueba suficiente del estado de la memoria del presidente, francamente, porque la Casa Blanca tiene un historial de alteración de las transcripciones”, añadió.
El congresista demócrata Jerry Nadler le acusó de malgastar 20 millones de dólares en “sus diversas teorías conspirativas”, apuntando a Biden para desviar la atención de las irregularidades cometidas por Trump, que se enfrenta a 88 cargos por delitos graves, casi la mitad de ellos por presunto acaparamiento de documentos clasificados.
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“En realidad, el abogado especial absolvió a Biden de cualquier delito“, dijo Nadler.
La reunión del comité de supervisión se ha retrasado a las 20:00 horas (00:00 GMT del viernes).
Los republicanos de la Cámara de Representantes también investigan a Biden por presunta corrupción, pero en las audiencias celebradas hasta ahora no se ha demostrado que el líder demócrata haya cometido delito alguno.
