La revocación del acta de libertad otorgada a Juan Antonio Vera Carrizal, quien se encuentra preso desde septiembre de 2020 en el penal de Tanivet, Oaxaca, obedeció a una actitud de la saxofonista María Elena Ríos para hacer presión al Tribunal Superior de Justicia, dijeron los abogados de quien es señalado por la joven como el autor intelectual de su agresión con ácido clorhídrico.
¿Qué dicen los abogados de Vera Carrizal?
En conferencia de prensa, el grupo de abogados del empresario dijo que la estrategia legal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para revocar un acta de libertad es inédita y atenta contra los principios fundamentales del derecho, y que sitúan a Vera Carrizal como un preso político del Estado.
[TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos]
María Elena Ríos ha sufrido quemaduras en el cuerpo desde que fue atacada en 2019 en Huajuapan de León, lo que la ha llevado a someterse a diversas operaciones para injertarle piel. Sin embargo, el abogado calificó su petición de justicia como un berrinche.
“Basta un pequeño berrinche de la víctima María Elena Ríos Ortiz, para que la presidenta actúe violando todos los derechos que tienen los procesados, inclusive este acto aberrante que se dio”.
- “Compañeros de la prensa, no ha ocurrido ni en los tiempos de don Porfirio Díaz, el tribunal el día de hoy muestra su verdadera cara. El verdadero rostro es de represión y es, sobre todo, de atacar a los derechos humanos”.
“Nosotros desde este momento declaramos a Antonio Vera Carrizal como un preso político. Un perseguido político por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por parte de la Fiscalía General de justicia del Estado”.
“También está en riesgo nuestra integridad física, nuestra libertad. Porque por un berrinche de Mariana Ríos Ortiz, no duden de que después daremos una conferencia desde el penal”. Dijo Édgar López García, abogado de Vera Carrizal.
- Informaron que apelarán el fallo y que recurrirán a instancias internacionales para demandar lo que consideraron un daño al sistema de derecho en Oaxaca.