Los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, en los que desaparecieron 43 normalistas, no pueden ser catalogados como un crimen de Estado, considera la especialista María Amparo Casar.
No puede ser tildado de esta manera dado que no hubo participación del gobierno Federal; no fue una acción concertada por autoridades de todos los niveles para eliminar a un grupo o conjunto de personas.