La Ley Ingrid se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), y es que el feminicidio de Ingrid Escamilla sentó un precedente legal, la filtración de imágenes y su publicación en medios y redes sociales.
“Es un delito para sancionar a las personas servidoras públicas que revelen o difundan imágenes de archivos de investigaciones”.
Lydia Miranda Eslava, directora de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio, SEMUJERES
Por su parte, Ana Yeli Pérez Garrido –directora de Justicia Pro Persona- señala que, es una violación al debido proceso y a la diligencia.
Gracias a la Ley Ingrid en CDMX se impondrán de dos a seis años de prisión o una multa de hasta de 89 mil pesos al funcionario de cualquier nivel que difunda, capture o intercambie información reservada como:
- Audios
- Videos
- Fotografías
- Documentos
- Evidencia de los procedimientos penales
“Desde el primer funcionario público que tiene acceso a la escena del crimen que puede ser un elemento de seguridad ciudadana, un paramédico, un ministerio público, un perito, así como toda la cadena de custodia que deben de tener los indicios o las pruebas, que implica el ministerio público, la policía de investigación e incluso hasta los jueces y magistrados”.
Eduardo Santillán, presidente Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Congreso CDMX
Hay -afirman- un mercado negro entre servidores y prensa que revictimiza, “lo que impacta en la dignidad de esta víctima y de sus familias es el que se haya exhibido su cuerpo en las portadas de los diarios“, aseveró Miranda Eslava.
Para las organizaciones civiles la Ley Ingrid llega tarde
“También es, de alguna manera, insuficiente cuando vemos que en el caso concreto no hay aún una sanción por lo que ocurrió”.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona
Sin embargo, esperan se replique en otras entidades: “no solamente que podría, sino que debería en virtud de que no solamente en la Ciudad de México ocurren este tipo de hechos”, reiteró Pérez Garrido.
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