En su reciente participación, la analista política María Amparo Casar expresó su preocupación por las reformas constitucionales impulsadas por el presidente López Obrador, destacando especialmente la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos. Casar anticipó que estos cambios serán aprobados y puestos en marcha durante el próximo periodo legislativo, con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum al frente.
María Amparo Casar afirmó que “quedarán listos los dictámenes en agosto”, asegurando que estas reformas “serán estrenadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1o de octubre”. La analista destacó que estas iniciativas forman parte de un paquete de ocho reformas que se espera sean aprobadas antes del fin del mandato de López Obrador.
Una de las principales preocupaciones de María Amparo es el impacto que la reforma judicial podría tener en la estructura democrática del país. Al respecto, comentó que “estamos frente, quizá al cambio más importante, un verdadero cambio de régimen”. En su opinión, durante el sexenio de López Obrador se ha concentrado mayor poder en la presidencia, y ahora, con estas reformas, ese poder se legalizará o institucionalizará.
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Subrayó que “la más importante sin duda es la del Poder Judicial”, situando a la desaparición de los organismos autónomos en un nivel similar de relevancia. Estas reformas, según Amparo Casar, podrían consolidar un poder excesivo en la presidencia, debilitando los contrapesos al Poder Ejecutivo. “Fortalecer a la Presidencia de la República” es, en su opinión, el objetivo central de estas iniciativas.
Además, la analista expresó su preocupación por el impacto que la reforma judicial podría tener en el respeto a los derechos humanos y en la independencia del Poder Judicial. “La reforma judicial va a tener muchos problemas con respecto al respeto a los derechos humanos y a cómo se va a comportar un juez que entiende que no fue designado para aplicar la ley sino fue electo y se debe a un electorado”, advirtió Casar.
En su opinión, esta situación podría acarrear “consecuencias negativas para los ciudadanos, para el sector privado y para las inversiones”.
María Amparo Casar concluyó señalando que aunque la reforma otorgará un mayor poder al Ejecutivo, también podría generar graves consecuencias debido a su difícil implementación y a los problemas que ya se han observado en otros países. “Se llevará el beneficio de mayor poder, pero también va a poder pagar las consecuencias de una reforma muy difícil de operar”, concluyó.
