En su participación del día de hoy, María Amparo Casar discute junto a José Cárdenas las preocupaciones y las implicaciones de las reformas constitucionales propuestas en México, especialmente aquellas que afectan al Poder Judicial y otros órganos autónomos. El Presidente de la República minimiza la inquietud en los mercados financieros, aunque la incertidumbre sobre estas reformas es palpable.
Una de las reformas más controvertidas es la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial por voto popular. La doctora María Amparo Casar opina que estas reformas “reducen los controles” establecidos en las últimas décadas y concentran el poder en el Ejecutivo. Además, plantea que estas reformas podrían tener consecuencias negativas para la estabilidad política y económica del país.
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Mencionan la desaparición de varios órganos autónomos, como el INAI, que sería absorbido por la Secretaría de la Función Pública, la COFECE que se integraría en la Secretaría de Economía, y el IFETEL que pasaría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Asimismo, las comisiones de hidrocarburos y regulación de energía serían absorbidas por la Secretaría de Energía. Esto genera preocupaciones entre los inversionistas y la ciudadanía, ya que estas medidas podrían dar lugar a un sistema político más centralizado y menos controlado.
Casar señala que la preocupación de los mercados y la ciudadanía es válida, ya que el poder concentrado en el Ejecutivo puede generar incertidumbre y afectar la inversión y el empleo. Además, la elección popular de jueces no resolvería el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Ella argumenta que “el método de selección tiene muy poco que ver con la corrupción” y que elegir a jueces y magistrados por voto popular no mejoraría la justicia en el país.
También subraya que las reformas propuestas no abordan las carencias estructurales del sistema judicial mexicano, como la formación y carrera de jueces, la investigación y la formación de policías. Según Casar, mejorar el desempeño judicial no depende del método de elección, sino de un sistema judicial eficiente y bien estructurado.
Finalmente, Casar cuestiona la efectividad de elegir jueces por voto popular comparándolo con otros cargos electos, señalando que la corrupción no se relaciona directamente con el método de elección. Concluye que los jueces deben obedecer la Constitución y el orden jurídico, independientemente de cómo sean nombrados.