En un contexto marcado por tensiones entre los Poderes de la Unión en México, la disputa por la asignación y control de los recursos ha generado una polémica que ha acaparado la atención nacional. El presidente López Obrador ha desatado un debate al acorralar al Poder Judicial en torno a la distribución de los fideicomisos, desencadenando una serie de reacciones y preocupaciones.
El dinero ha provocado un choque de posturas entre el Ejecutivo y el Judicial. El mandatario propuso entregar una fracción de lo requerido, planteando la necesidad de un diálogo entre los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para determinar el destino de estos recursos.
La analista política María Amparo Casar opinó sobre el conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno federal por la extinción de los fideicomisos.
Casar dijo que la jugada del presidente Andrés Manuel López Obrador fue “muy buena” porque acorraló al Poder Judicial. Sin embargo, también señaló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no puede disponer libremente de los recursos de los fideicomisos, ya que están bien constituidos.
“El Presidente dice, por un lado, yo le voy a dar sus 18 mil millones que están pidiendo 28 mil millones, que está no más, que está pidiendo el Poder Judicial, pero sería un buen gesto de la ministra que esos recursos no se comprometieran y fueran directamente a Acapulco”, dijo Casar.
La Ministra, Norma Piña Hernández, encargada de los fideicomisos, se encuentra en una encrucijada. A pesar de tenerlos constituidos, su disposición está limitada, especialmente tras la lucha previa por la necesidad de esos fondos para los trabajadores.
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¿Qué son los fideicomisos?
Los fideicomisos son instrumentos financieros que se utilizan para administrar recursos de manera segura y eficiente. En el caso del Poder Judicial, los fideicomisos se utilizan para financiar programas y prestaciones para los trabajadores, como becas, cursos de capacitación, pensiones y seguros de vida.
¿Cuál es el conflicto?
El gobierno federal propuso la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, argumentando que eran un gasto innecesario y que se podían utilizar para otras prioridades. El Poder Judicial se opuso a esta propuesta, argumentando que la extinción de los fideicomisos afectaría a los trabajadores y a los programas que se financian con estos recursos.
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