Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se mantienen en paro por la probable extinción de 13 de los 14 fideicomisos que en conjunto representan recursos por 15 mil millones de pesos.
Con miras a que la reforma se discuta y vote el próximo martes en la Cámara Alta, el analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, recuerda que estos fideicomisos existen desde hace muchos años.
“Los fideicomisos existían cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Han estado cinco años y no les habían preocupado. De repente les interesan estos fideicomisos, porque hubo una serie de sentencias de la Suprema Corte que no les gustaron”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
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Para el experto, los recortes son “claramente una reacción política a una Corte que le puso freno, entre otras cosas, a una ley electoral que violaba los principios constitucionales que acordaron todos los partidos políticos para que hubiera equidad, transparencia, capacidad del INE para actuar y contar los votos. Leyes que fueron aprobadas, en su momento, por el PRD, donde militaba el hoy presidente López Obrador”.
“Para nada es que de repente se les ocurrió que (en los fideicomisos) había problemas y que repartirían el dinero para las vacunas, para la salud, las becas… Es una venganza política”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El analista señala que, al mismo tiempo que están queriendo cancelar estos fideicomisos, están arrancando otra serie de fideicomisos para que el Ejército tenga una serie de apoyos presupuestales y “que no estén limitados a la anualidad normal de su presupuesto para las grandes obras del presidente… Si se tratara de ahorrar, habría muchos más ahorros por ese lado”, sostiene Mayer-Serra.
“El presidente dice que (en el Poder Judicial) tienen un régimen de pensiones privilegiado y un régimen salarial privilegiado. En el sentido estricto, tiene razón, tienen mejor régimen de pensiones que un trabajador normal; sin embargo, hay muchos otros espacios del sector público donde hay regímenes de pensiones aún más privilegiados y aún más caros; el más evidente es el caso de Pemex, en donde se jubilan a una edad muy temprana, donde tienen un servicio médico que no lo tiene ni Obama y contra ellos no ha habido ninguna preocupación”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
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El analista político reafirma que los “ataques” del presidente siempre tienen un objetivo político, “y luego los justifica con principios que, si los hiciera extensivos, lo obligaría a no tener fideicomisos en el Ejército, a cancelar la lógica pensionaria de CFE y Pemex y muchos otros abusos y excesos presupuestales que existen”.
“La Constitución dice, con toda claridad, que el presupuesto de la Corte lo tiene que determinar la propia Corte. Está dicho así porque recordemos que esto está en el marco de una discusión presupuestal, donde además pretenden aplicarle un recorte presupuestal adicional”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El analista recuerda que en la Constitución se establece que la Corte defina su presupuesto, “porque si no el Congreso, a través de la bolsa presupuestal, podría tener sometidos a los ministros”.
“Cuando se hizo la reforma constitucional para la creación de una corte autónoma, en el sexenio del presidente Zedillo, en 1995, ahí se arma también esta protección. Si uno va a las entidades federativas, en general el poder judicial depende del dinero que le quiere dar el gobernador y el poder judicial responde al gobernador. Ese es el modelo que trae el presidente en la cabeza. Le gustaría un poder judicial que le dijera que sí en las cosas que le importan”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
El analista político enfatiza que en el pasado “no es que el Poder Judicial siempre estuviera recibiendo instrucciones del presidente”, pero en las cosas importantes, “le hacían caso al Ejecutivo”.
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“El sindicato del Poder Judicial está en una tensión muy complicada porque, al final de cuentas, nada le gustaría más al Ejecutivo, creo yo, que hubiera un paro indefinido en el Poder Judicial, porque entonces ya no habría la protección de otro poder para los posibles abusos del Ejecutivo”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra.
Sobre el paro de trabajadores del Poder Judicial, Mayer-Serra considera que no se pueden cerrar sus instalaciones de manera indeterminada, “porque entre más esté cerrado menos podemos proteger nuestros derechos”.
“Es cierto que una parte de este paquete puede atentar contra los derechos de los trabajadores, si bien, buena parte de sus prestaciones se financian con el gasto corriente, los fideicomisos del Poder Judicial se construyeron para que hubiera una certidumbre en el tiempo y no estuvieran dependiendo de esas partidas presupuestales que, como estamos viendo ahora, las quieren recortar de forma importante”, destaca el experto.
