En su participación de este jueves, Carlos Elizondo Mayer-Serra aborda la propuesta de reforma judicial en México, la cual pretende que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular, incluyendo a jueces locales, sumando aproximadamente 7,000 cargos. Este cambio representa una transformación significativa, pasando de un sistema basado en el mérito a uno basado en elecciones.
En el actual sistema federal, los ascensos se determinan por exámenes, desempeño y especialización. En contraste, la elección popular tiende a priorizar nombres y slogan partidistas, dejando de lado el mérito profesional.
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El presidente López Obrador busca implementar esta reforma profunda antes de las elecciones de junio del próximo año, con la intención de dejar un legado significativo. Sin embargo, hay contradicciones notables.
En 2021-2022, se consideró que una reforma judicial previa había solucionado los problemas del sistema, pero ahora se argumenta que el sistema está en crisis. Además, algunos ministros que anteriormente se oponían a la elección popular ahora la defienden, destacando la inconsistencia en sus posiciones.
Carlos Elizondo plantea que si los secretarios del gabinete son designados directamente por la presidencia sin votación popular, basándose en su legitimidad electoral, lo mismo debería aplicarse a los jueces y magistrados. La diferencia radica en que los secretarios pueden ser nombrados y removidos a discreción del presidente, mientras que el Poder Judicial requiere estabilidad y mérito profesional. En un sistema judicial meritocrático, los jueces y magistrados ascienden a través de una serie de exámenes y evaluaciones a lo largo de su carrera, garantizando su competencia y especialización.
La propuesta de reforma también amenaza los derechos laborales de los actuales funcionarios judiciales, incluyendo reducciones salariales, eliminación de pensiones y seguros médicos, y, más críticamente, la eliminación de la carrera basada en mérito. Esto sería comparable a elegir médicos por voto popular, una idea ampliamente rechazada debido a la naturaleza técnica y especializada de la profesión médica.
El debate en torno a esta reforma continuará durante julio y agosto, con diversas propuestas y opiniones. Es crucial analizar y orientar a la sociedad respecto a lo que eventualmente se decidirá, aunque la metodología básica parece inamovible según las autoridades. La controversia sigue abierta, y los resultados de esta discusión tendrán un impacto duradero en el sistema judicial del país.
