El Plan B es una estrategia política que puede tener un nivel de destrucción significativo para la vida democrática del país. Se cree que algunas partes de él pueden ser inconstitucionales, pero será el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte, quien decidirá en su momento.
Una de las partes del nombrado Plan B ya permite a los funcionarios públicos hacer campaña, lo cual está prohibido por la Constitución. Esto puede llevar a una serie de acciones legales por parte de los trabajadores afectados y puede resultar en un proceso de elección caótico.
Nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra opina que el Plan B tiene otro nivel de destrucción. Es como una bomba de profundidad. No cambia toda la legislación, pero le va a los puntos más importantes. Yo creo que buena parte de esto es inconstitucional.
Al iniciar los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de LXV Legislatura, la mesa directiva del Senado turnó a comisiones unidas el artículo correspondiente a la cláusula de “vida eterna” a partidos.
Pero este jueves, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron un análisis técnico de los efectos que tendría el Plan B en los comicios federales de 2024
Una vez que el Ejecutivo federal publique el Plan B, en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente entrarán en vigor las reformas realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
