Luego de que el Senado de la República aprobó sin cambios la Ley de Hidrocarburos, el analista Carlos Elizondo señaló que la Constitución vigente hoy es muy clara, “en materia de importación y distribución de petrolíferos hay competencia”, pero subraya que lo que la ley hoy ha hecho es revertir el principio constitucional.
Carlos Elizondo Mayer-Serra considera que el senador Ricardo Monreal puede argumentar que si hubo o no corrupción, sin embargo esto no esta aprobado, y lo que sí sabemos es que hoy no hubo discusión en el Senado, “no se opuso realmente en un análisis técnico y profundo qué es lo mejor para el bienestar de los mexicanos, lo único que esta en juego para el presidente es fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
“Es discutible que esta ley fortalezca a Pemex, porque lo que sabemos es que los monopolios, al abusar de su poder monopólico, acaban destruyendo riqueza para el propio dueño del monopolio, que en este caso es el Estado Mexicano, es decir todos los mexicanos. Pero además, sabemos muy bien que los monopolios destruyen el bienestar de los consumidores”.
Carlos Elizondo, analista.
El especialista explica que el principio de la reforma energética era, uno, que va a haber competencia; y dos, como es tan grande Pemex, no puede abusar de su posición para fijar precios.
“Lo que esta reforma ha hecho, es decir, en el artículo transitorio que aprobaron de último minuto, es que Pemex ya no está sujeto a la regulación asimétrica, la idea es que el más grande, como controla tanto, tiene que ser regulado de forma tal que no use su poder para excluir a la competencia, que no fije un precio que excluya a los competidores, que no le de ventaja a sus amigos”.
Carlos Elizondo, analista.
Además, el analista Carlos Elizondo señala que otro tema que es terrorífico, y que va a disuadir la inversión y que viola la Constitución y los Tratados de Libre Comercio, es que, con absoluta discreción, el gobierno puede decidir “que tal o cual importador de gasolina representa un riesgo para la seguridad nacional” y darle esos activos a Pemex para que los administre.
“No pasan ningún criterio de razonabilidad, ni ningún criterio de respeto a la Constitución, pero cuando ya vimos a un gobierno que puede extender el periodo que un presidente en la Corte tiene definido claramente en la Constitución que será de cuatro años, cualquier cosa es posible”.
Carlos Elizondo, analista.
