Polémica por fallo en la Suprema Corte
La decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de bloquear una propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha generado controversia y reacciones. En redes sociales, según se ha difundido, el voto de Pérez Dayán resultó crucial para evitar que la Suprema Corte tomara un rumbo que, de haber sido aprobado, habría obligado a la Presidenta a decidir entre desacatar la Constitución o acatar el fallo, lo que algunos sectores consideran habría arriesgado su legitimidad ante el movimiento de la 4T.
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Con este fallo, la Suprema Corte ha sido acusada de legitimar un supuesto “asalto” del poder Ejecutivo y Legislativo sobre la Constitución de 1917, dejando a algunos analistas y políticos preocupados sobre el posible inicio de un régimen de corte autocrático. Alejandra Cullen, analista política, comentó que “la Constitución parece haberse convertido en un objeto de fácil manipulación; si no gusta, se reforma en cuestión de horas”.
Las acciones de Pérez Dayán bajo la lupa
El ministro Pérez Dayán ha estado en el centro de la controversia en varias ocasiones previas, recordándose su papel en el fallo que impidió la resolución de un caso de abusos de autoridad cuando Genaro García Luna era funcionario. En esta ocasión, fuentes mencionan que el ministro pudo haber actuado bajo presiones, aunque no se han confirmado detalles sobre los motivos detrás de su postura. La decisión del ministro Pérez Dayán es criticada por haber “bloqueado” el análisis a fondo de la propuesta y no permitir un debate sobre los posibles efectos de esta reforma en los jueces y magistrados del país.
Preocupaciones por la justicia y los derechos humanos
Alejandra Cullen y José Cárdenas señalaron que un cambio apresurado en la selección de jueces y magistrados podría afectar gravemente el funcionamiento del sistema de justicia federal. “La estabilidad del sistema judicial está en riesgo. ¿Cómo vamos a asegurar una justicia eficiente si hay inestabilidad y dudas en los procesos de selección?”, dijo Cullen.
El principal temor radica en que los juicios pendientes podrían acumularse aún más, afectando a personas que esperan la resolución de amparos, juicios laborales, y otros procedimientos clave que protegen los derechos de los ciudadanos ante abusos de autoridad y temas de competencia económica.
La falta de preparación de los posibles nuevos jueces y la premura en el proceso, según expertos, comprometerían la calidad y rapidez en la administración de justicia.
