Debido a la Miscelánea Fiscal 2022 que discutieron los diputados la noche del miércoles y las primeras horas de jueves, donde pusieron tope a las donaciones para organizaciones de la sociedad civil, surgieron nuevas incógnitas.
¿Quién se encargará de la atención a la población más pobre y miles de servicios educativos y de asistencia y de los centros del pensamiento crítico que sobreviven con las donaciones?
¿Y qué pretende el gobierno al fiscalizar a los jóvenes a partir de los 18 años? ¿Evitar la corrupción o fomentar el fraude mediante empresas factureras o bien, crear un mecanismo de control estatal de la población?, éstas son las preguntas que planea José Cárdenas.
Y la analista Alejandra Cullen opina al respecto, señala que son más de 9 mil donatarias que reciben donaciones de los mexicanos y de las cuales, el 63% se dedica asistencia pública según el Inegi, aportan el 1.37 % del Producto Interno Bruto (PIB) en servicios públicos para la población.
Además, tienen empleadas a más de 6 mil personas, este es el sector al que el Gobierno pretende castigar tratando de restringir la deducibilidad con la Miscelánea Fiscal 2022.
Pero, ¿qué significa para el erario público? Cuestiona Cullen, a quien le parece “miserable” esta iniciativa.
Lo que significa eso, es que por ejemplo, en 2019 las donaciones representaron alrededor de 19 mil 800 millones de pesos; de esto se deducen alrededor de la tercera parte, es decir, alrededor de cinco mil millones de pesos que a su vez representan menos del 2% de lo que llaman exenciones en Hacienda, señala.
Esto se refiere a lo que les perdona a ciertos contribuyentes, exenciones fiscales y demás. Es el 2% y “no representa nada”, entonces son esos prejuicios que está buscando y que están pensando en el limbo y Mexicanos Contra la Corrupción van a atentar en contra de ellos y piensan que son las organizaciones de la sociedad civil.
