La reforma penal-fiscal de 2020 comenzó a dar resultados antes de enero próximo, cuando entrará en vigor, porque siete empresas decidieron corregir su situación fiscal por comprar facturas falsas y pagaron más de dos mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así lo aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, al señalar que esa medida impidió recurrir al terrorismo fiscal con ese número de empresas.
Señaló en conferencia que las siete compañías decidieron actuar para ponerse al corriente, luego de publicarse la reforma penal-fiscal en el Diario Oficial de la Federación, a principios de noviembre.
La reforma ha sido tan poderosa que, antes de entrar en vigor, está contribuyendo a aumentar la recaudación , manifestó el funcionario, quien refirió que ésta estimuló un periodo de autocorrección de diversas empresas que se han acercado al SAT y a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, comentó que esas siete empresas estaban conscientes de haber comprado facturas falsas y, al saber de la gravedad de la reforma e implicaciones penales, decidieron regularizar su situación fiscal.
Si bien ese acto no quita el delito, las compañías acudieron a la Procuraduría Fiscal de la Federación para buscar la reparación el daño a través de un acuerdo y este proceso lo llevará la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, indicó, esas empresas proporcionaron información sobre aquellas compañías a las que les compraron las facturas falsas y nosotros estamos iniciando investigaciones para llegar a las cabezas de estas empresas .
Tipificar defraudación fiscal y compra-venta de facturas falsas
En octubre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Dicha Ley tiene el objetivo de tipificar la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los siete millones 804 mil 230 pesos.