El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, encabezó el martes una reunión virtual con más de cuatro mil empresarios de todo el país y llamó a un acuerdo nacional para ser escuchados por el Ejecutivo federal a fin de atender propuestas y mitigar el daño a empleos del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) o emprendedores.
Salazar Lomelín, líder de la iniciativa privada en México, advirtió que el país podría registrar una caída en la economía no vista en tres décadas, producto del impacto de la pandemia del nuevo coronavirus (Orthocoronavirinae). En el contexto de la crisis sanitaria, el presidente del CCE comentó que se crearía un Consejo Económico Permanente (CEP):
(Algo así como) el Consejo de Salud que está atacando los problemas (en la material) a nivel federal, donde actuaremos coordinadamente Gobierno, trabajadores, sector privado y social, todos al unísono tratando de coordinar nuestras acciones a nivel nacional (en favor de los emprendedores)".
Empresarios por México
El presidente del CCE pidió el apoyo de las 12 organizaciones empresariales que confirman a esa cúpula empresarial y adelantó que esta tarde tocará base con sindicatos para sumarse al acuerdo; dijo que el próximo martes sostendrá nuevas reuniones a distancia con los empresarios, a fin de seguir creando medidas de contención ante la crisis generada por el COVID-19.
Entre los planes de CCE para apoyar a los emprendedores están:
- Apoyos económicos entre privados.
- Adoptar una MiPyMe a través de apoyos salariales o recursos.
- Compras adelantadas: realizar pedidos durante la crisis o apoyar a establecimientos con ventas en lo futuro.
- Factoraje.
- Evitar periodo de penalizaciones contractuales entre particulares.
La implementación del plan del CCE permitirá asegurar estabilidad económica, social y política, crear "un buen plan de infraestructura para todo el país", realizar "exportaciones diversificadas y menos concentradas" y establecer una posición fiscal sólida, ya que será posible regresar a un nivel de deuda pública del orden de 45 o 50% del Producto Interno Bruto (PIB).