El abogado que trabajó como fiscal especial para investigar los delitos del pasado y que logró que se enjuiciara por genocidio a Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976, Ignacio Carrillo Prieto, aunque el resultado final de esta proeza legal no me dejó satisfecho.
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A Echeverría Álvarez se le acusó de la Masacre de Tlatelolco en 1968 cuando era secretario de Gobernación (Segob) y de la del Jueves de Corpus en 1971 ya como mandatario. Por su edad, no pisó la cárcel y estuvo bajo prisión domiciliaría hasta que al final fue exonerado por los tribunales.
Los años pasan
Hoy la fiscalía para delitos del pasado ya no existe, Carrillo Prieto es investigador universitario y Echeverría Álvarez (96 años) vive en la Ciudad de México sin ningún proceso judicial en su contra. Este martes se cumplen 50 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.
El año de 1968
En el extinto Distrito Federal se desarrollaba un movimiento estudiantil que exigía libertades y tomaba calles. Entre quienes iban a las manifestaciones estaba Ignacio Carrillo Prieto: De alguna manera estábamos expresando algo que estaba en el fondo de la conciencia de muchísimos mexicanos.
Era el momento de recuperar la voz y de quitársela a aquellos a quienes se les había confiado el poder. La desobediencia es a veces moralmente obligatoria.
Críticos consideran que Echeverría es uno de los ejecutores de la llamada guerra sucia, campaña contrainsurgente en la que soldados ejecutaron y desaparecieron a presuntos guerrilleros, izquierdistas y civiles que fue particularmente intensa en la década de 1970.
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Aquella guerra sucia marcó a Carrillo Prieto: su prima Dení Prieto Stock, militante del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional, murió a los 19 años en 1974 tras un asalto militar a la casa de seguridad donde se encontraba. El exfiscal asegura los presentes se rindieron, incluida Dení, pero el Ejército los mató.
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