Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aclaró este martes que sí habrá consulta popular sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), luego de que el lunes se haya dado a conocer la noticia de que podría cancelarse.
Sí va a haber consulta, será una consulta informada. Todavía no sabemos qué vamos a preguntar, porque en las mesas de análisis que están realizando organizaciones de la sociedad están apareciendo nuevos temas, estamos resolviendo nuevas dudas".
Así, el propuesto como secretario de Comunicaciones, aclaró que si bien ayer se dio a entender que existía la posibilidad de cancelar la consulta, esto no era así, sino que lo que sucede es que actualmente se han presentado nuevas cuestiones y nuevas dudas entre las organizaciones que están organizando la información para la consulta.
- Aclaró que en la consulta no se preguntarán cuestiones técnicas.
No vamos a consultar temas de carácter técnico, no tenemos por qué preguntar eso. Preguntaremos aquello que es conducente en relación con los impactos económicos, políticos, de toda índole que una obra de tal magnitud pueda tener".
Texcoco, ¿el peor lugar?
Ante las cuestiones de las razones para cancelar la construcción del NAIM en Texcoco, Jiménez Espriú aseguró que es porque la zona se encuentra "en el peor lugar para construir un aeropuerto", por lo que, si bien la propuesta de Santa Lucía tampoco es la mejor, se tratará de elegir entre "lo menos peor".
Por ello, aseguró que el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se está enfocando en "despolitizar" el asunto de la construcción del Nuevo Aeropuerto para informar "de la manera más objetiva" posible a la ciudadanía y que se pueda tomar una decisión con base en la información disponible.
Este martes, Jiménez Espriú ofreció una conferencia conjunta con empresarios, quienes presentaron un análisis respaldando que se continúe con la construcción del NAIM en Texcoco, pues argumentaron que cancelarlo representaría pérdidas de hasta 120 mil millones de pesos por cancelación de contratos y suspensión de obras.
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