La desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en septiembre de 2014, es uno de los casos más emblemáticos de la inseguridad y violencia en México. Y también uno que no se ha podido esclarecer.
El pasado 4 de junio, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia con el propósito de resolver las causas de su desaparición y saber dónde se encuentran los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo dos semanas después que existía una "imposibilidad real" para crear dicha comisión, declaración que fue secundada por el Tercer Tribunal Unitario de Reynosa este miércoles.
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¿Qué es una Comisión de la Verdad?
De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), las comisiones de la verdad son "organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo".
El ICTJ también explica que una comisión de la verdad puede:
- Promover cambios en el comportamiento de las instituciones en torno a casos similares para evitar nuevas violaciones.
- Proteger y reconocer a las víctimas y sobrevivientes al reconocer sus derechos.
- Contribuir al esclarecimiento de los hechos.
¿Por qué crearla en México?
En el caso Ayotzinapa, la ONU acusó en marzo que, de 129 personas detenidas por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes, al menos 34 habían sido víctimas de tortura por parte de autoridades.
Ante estas graves violaciones a los derechos humanos, así como la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El Tribunal estableció también que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los Protocolos adoptados por la ONU.
Dicha comisión estaría integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirían qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y quienes podrían validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
- Sin embargo, instancias oficiales han interpuesto amparos para evitar su creación, argumentando que se contrapone a los estatutos de la Constitución, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó el caso este miércoles y de esta instancia dependerá si los amparos proceden o si secunda al Tribunal Colegiado de Tamaulipas y ordena establecerla.
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