La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó su propuesta llamada "Salario Solidario" con la que busca que el Gobierno otorgue recursos públicos a la empresas para poder hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19.
La Coparmex difundió una carta pública donde hace cuatro llamados para que empresas, trabajadores y autoridades lleguen a un llamado Acuerdo Nacional, en el que se privilegie la implementación del "salario solidario".
- La propuesta de "Salario Solidario", en esencia, consiste en que "durante el periodo de la emergencia el Gobierno de la República autorice recursos extraordinarios de las arcas gubernamentales para pagar una parte del sueldo de los trabajadores que se encuentren en paro ante la contingencia sanitaria".
Según la Coparmex, la "medida progresiva beneficia a quienes reciben un salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso lo aportarían las empresas junto con el Gobierno a través de un subsidio temporal. Se reconoce la viabilidad financiera para la Hacienda Pública".
¿Cuánto dinero pide la Coparmex al Gobierno?
La confederación especifica que para que su propuesta "Salario Solidario" funcione, se requiere de una inversión gubernamental mensual de 96 mil 311 millones de pesos que beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.
¿De dónde sacar el dinero?
La organización empresarial dijo que el financiamiento del "salario solidario" se podría llevar a cabo a través del uso de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adquirió el actual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales de 2019 y que asciende a los 61 mil millones de dólares.
"El monto máximo de aportación del Gobierno para cubrir el salario solidario (3 meses en caso de prolongación de la pandemia) equivale al 20% de la línea de crédito", explican en el desplegado.
La otra opción que presentan para evitar la contratación de deuda pública, es la "reorientación del gasto público de obras no esenciales (como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya), dejando intacto el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios".