La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó este jueves un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos en el Caso Ayotzinapa.
El informe titulado "Dobe injusticia" analizó la investigación del caso y señaló que se encontraron "fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos" hacia al menos 34 de las 129 personas que han sido detenidas y procesadas por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
El Alto Comisionado señaló también que los casos de tortura comenzaron en octubre de 2014, fecha en que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso para investigarlo, por lo que instó al organismo a buscar e identificar a los responsables, mientras que exhortó al gobierno mexicano a esclarecer el caso.
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"En todos los casos analizados (34), los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura". Informe de la OACNUDH
Gobierno mexicano responde
Ante las acusaciones, el gobierno de la República respondió con un comunicado, en el que señaló que la administración en curso está comprometida con la resolución del caso y atrapar a los culpables.
"El Gobierno de la República reafirma su determinación por esclarecer plenamente el Caso Iguala, conocer la verdad y sancionar a los responsables". Comunicado de prensa, gobierno de la República
Asimismo, señaló que es preocupante que la Oficina del Alto Comisionado arroje conclusiones sobre un caso que sigue siendo objeto de investigación, así como que el informe se limitara a "abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)".
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En este sentido, el comunicado señaló que el reporte de la ONU no aporta nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación del caso.
Finalmente, el Gobierno de la República reiteró que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como con los familiares de las víctimas y sus representantes, para lograr un total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación, y sancionar a los responsables conforme al marco jurídico mexicano.
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