El gobierno de Guanajuato, junto con autoridades de la cancillería y consulares de México, insistió en que la posible ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas constituye una violación a los derechos del connacional.
Indicó que por ello se ha insistido en la solicitud de revisión jurídica del caso del guanajuatense condenado a muerte por el delito de homicidio.
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A ésta petición se ha sumado el Senado de la República con un punto de acuerdo para que a través de las instancias correspondientes se pueda revertir la situación en las próximas horas, también se han pronunciado en contra expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Susana Guerra Vallejo, directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, apuntó que el proceso judicial del guanajuatense, presenta irregularidades, tal y como lo hacen constar organismos competentes en la materia como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
12 días sin abogado y otras irregularidades
Toda persona extranjera que es detenida tiene derecho a una llamada a su consulado para ser asesorado, y Rubén cuando fue detenido estuvo prácticamente 12 días sin tener el derecho a que le nombraran un abogado, ninguna entrevista con algún agente consular, no tuvo ese acompañamiento y asesoramiento desde el principio , enfatizó.
Señaló, además, que la cancillería mexicana y el equipo de abogados de Rubén Ramírez, solicitaron la prueba de ADN, la cual en el proceso judicial fue negada.
Estamos en horas importantes, se metió una queja ante la Corte Federal, por la negativa aquí en el Estado de Texas de brindar ésta posibilidad, para que se reconsiderara el caso por éstas violaciones y que la Corte pudiera emitir una posibilidad de ganar tiempo para poder continuar luchando en el caso de Rubén , destacó.
Respaldan a la familia del connacional
Ante la negativa de las autoridades de Texas para revisar el caso de Ramírez Cárdenas, las instancias gubernamentales de México han expresado su preocupación.
Desde ese momento el Gobierno del Estado de Guanajuato ha respaldado a los familiares, solicitando por las vías legales una adecuada intervención consular.
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