Estos son los exgobernadores que tienen problemas con la justicia mexicana:
1.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Fue capturado el 9 de abril en la ciudad de Florencia, Italia. El Tribunal de Apelación de Florencia pospuso hasta el 21 de septiembre la audiencia para definir si será extraditado a México o Estados Unidos.
- Cargos por los que enfrentará a la justicia: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Estados Unidos se le busca por: narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y conspiración para hacer declaraciones falsas.
2.- Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo. Fue detenido el 5 junio en Panamá. Se encuentra sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México.
- Cargos por los que enfrentará a la justicia: operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones en su contra surgen de la venta a sus familiares de 25 terrenos de las reservas del gobierno estatal a precios por debajo a los del mercado.
3.- César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Se solicitó su detención con fines de extradición a las autoridades de Estados Unidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) le solicitó a la Interpol, actualizar la ficha roja del exmandatario, emitida el 31 de marzo y renovada el 7 de julio.
- Cargos por los que enfrentará a la justicia: desvío de recursos millonarios para financiar campañas políticas del PRI.
4.- Javier "N", exgobernador de Veracruz. Este caso es por demás conocido, particularmente porque acapara la atención mediática desde hace meses, luego de que evadió de la justicia. Fue detenido el 15 de abril en Guatemala. Fue extraditado a México el 17 de julio y ahora duerme en el Reclusorio Norte.
- Cargos por los que enfrentará a la justicia: lavado de dinero, crimen organizado y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el exmandatario local es responsable del desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos, aunque según la Auditoría Superior de la Federación, los desvíos podrían superar los 60 mil millones de pesos.
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