El programa espía Pegasus habría sido utilizado para espiar no solo a periodistas y activistas, sino también para escuchar a investigadores internacionales, quienes investigaban el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, reveló este lunes una nota periodística del diario The New York Times (NYT).
De acuerdo con el texto, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una indagatoria sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, fueron blanco de la tecnología de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas.
El diario reveló hace unos días que el gobierno mexicano espió a periodistas y activistas disidentes a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes.
Posteriormente, un análisis realizado por el periódico estadounidense confirmó que el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el software Pegasus, cuyo objetivo fue el teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo, el cual fue usado por casi todos los integrantes del grupo debido a que era nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.
"Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje". New York Times.
También, se supo que los miembros del GIEI recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios.
¿Cómo funciona?
Dichos textos invitan a darle clic a un enlace, al hacerlo y de manera secreta se instala el programa que convierte al celular en un aparato de espionaje, pues permite el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.
En su reportaje, el diario señala las dificultades y obstáculos que enfrentó este grupo mientras realizaban su investigación en el país, como la negativa del gobierno a compartir documentos o para realizar entrevistas clave e, incluso, amenazas de indagatorias penales en represalia a su trabajo.
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