La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este martes las controversias constitucionales presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Banco de México (Banxico) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual decreta que ningún funcionario puede ganar más que el presidente (108 mil pesos al mes).
A través de un comunicado, la Corte emitió la lista de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad aceptadas en su sesión de este martes, entre las cuáles aparecen las de ambos organismos autónomos.
Controversia con la Cofece
El pasado 2 de enero, el pleno de la Cofece acordó presentar la controversia, argumentando que la legislación adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de dicho organismo.
No obstante, aclaró que respalda la voluntad del Gobierno federal de aplicar una política de austeridad que haga mejor uso de los recursos al alcance de las instituciones.
La controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias adoptadas para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía otorgada a la Cofece en el artículo 28 Constitucional para estar en condiciones de cumplir con su mandato de combatir la falta de competencia en los mercados, argumentó.
Controversia con Banxico
Por su parte, el Banco de México promovió la controversia el 4 de enero, señalando que era necesario dejar en claro los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que lo dotan de autonomía, por lo que la Corte debería esclarecer el alcance de la Ley Federal de Remuneraciones.
El Banco de México ha decidido promover, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional respecto a dichas normas y actos , dio a conocer en un comunicado.
Mencionó que algunos servidores públicos de este instituto central y el Sindicato Único de Trabajadores del Banco de México han promovido juicios de amparo respecto a la aplicación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones.
En su resolución de este martes, la SCJN señaló que las instituciones demandadas son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el principal promotor de esta ley, a quienes otorgó un plazo de 30 días para responder a la demanda.
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