Linda Nava estacionó su vehículo en un lugar confinado en calles de la colonia Nápoles. Asegura que bajó y en seguida caminó rumbo al parquímetro, pero al momento su auto fue inmovilizado. Los reclamos al personal del Programa Ecoparq y al agente de Tránsito, fueron inútiles.
A través de redes sociales, denunció que el parquímetro estaba a media cuadra, me tardé exactamente treinta o cuarenta segundos, en lo que hice toda la operación, y cuando regreso ya me habían puesto la 'araña'.
Para evitar este tipo de malos ratos, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sugieren encender las luces intermitentes, para avisar que están realizando el pago en el parquímetro. Esto no aparece en ningún reglamento, sólo es una sugerencia.
Uno TV acudió a las colonias Nápoles y Ciudad de los Deportes, en la delegación Benito Juárez, ahí corroboró que el caso de Linda Nava, no ha sido el único. En la periferia del Estadio Azul, los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y los integrantes de Ecoparq, colocan el inmovilizador sin dar tolerancia, ni siquiera para acudir a pagar.
Se documentó ahí el caso de Elia Rebollo, quien se estacionó en calle Indiana. Frente a ella estaba un policía de tránsito. La conductora le advirtió que acudiría al parquímetro a colocar monedas pero fue ignorada. En cuanto se alejó de su automóvil, le pusieron el candado.
Tanto los empleados de Ecoparq como el policía fueron cuestionados, pero afirmaron que la conductora no encendió sus intermitentes para notificar que iba al parquímetro.
De acuerdo con Luis Gabriel Fagoaga, Director de Control de Estacionamiento de la Secretaría de Movilidad, encender las intermitentes sólo es una sugerencia, pues esta indicación no aparece en ningún reglamento.
En entrevista, afirmó que ese aviso sólo se ha dado por la autoridad, a través de redes sociales, pues en las zonas de parquímetros tampoco hay letreros o señalamientos que así lo adviertan a los conductores.
A diario la SEMOVI recibe aproximadamente nueve quejas por presuntos abusos e irregularidades, cometidas por los encargados de colocar los inmovilizadores.
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