La justicia española mantuvo este lunes en prisión a cuatro líderes independentistas catalanes, a pocas horas de que arranque la campaña de las elecciones regionales del 21 de diciembre y mientras el cesado presidente Carles Puigdemont intenta evitar que lo extraditen desde Bélgica.
El Tribunal Supremo, subrayando el "riesgo de reiteración delictiva", anunció que mantiene en la cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de las asociaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
En cambio, concedió la libertad bajo fianza de 100 mil euros a los otros seis independentistas encarcelados, todos ellos integrantes del ejecutivo catalán cesado a fines de octubre por Madrid, como el exportavoz Jordi Turull o el ex responsable de Exteriores, Raúl Romeva.
A mediodía, la ANC dijo que ya ha pagado las fianzas de los seis en un banco de Barcelona.
"Esta interlocutoria del Tribunal Supremo tiene un impacto directo en la campaña e impide que esta campaña electoral tenga todas las garantías democráticas", dijo Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido liderado por Junqueras, cabeza de lista de cara al 21 de diciembre.
"Esta noche empezamos la campaña electoral con presos políticos", abundó la directora de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi.
La decisión fue anunciada el mismo día en que Puigdemont y otros cuatro exintegrantes de su ejecutivo comparecieron en Bruselas ante un juez, como parte del pedido de extradición emitido por la justicia española.
El magistrado dará a conocer su decisión el 14 de diciembre, según los abogados. No obstante, en el caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro exconsejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica, con lo que habría que esperar al menos a enero para la decisión definitiva.
"Si son extraditados (...), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales", dijo en Bruselas Christophe Marchand, abogado defensor de los ex consejeros Antoni Comín y Meritxell Serret. "Es otra razón para rechazar la extradición", incidió.
Los exconsejeros catalanes ingresaron en prisión provisional el pasado 2 de noviembre, como sospechosos de rebelión (un delito penado con hasta 30 años de cárcel), sedición y malversación. Los mismos cargos pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.
Se les acusa de haber alentado "un movimiento de insurrección activa" para lograr la independencia unilateral de Cataluña, ignorando todas las decisiones de la justicia, entre ellas la prohibición del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.
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