Varias manifestaciones recorrerán este viernes diversas ciudades de España, en medio de una gran indignación por la liberación inminente de "La Manada", cinco jóvenes que abusaron en grupo de una chica y que podrán volver a sus casas a la espera de que su condena quede confirmada en apelación.
El tribunal de Pamplona (norte) a cargo del caso ya causó escándalo el pasado abril, cuando en primera instancia descartó la calificación de violación por los hechos.
Los acusados, de 27 a 29 años, habían penetrado sucesivamente a la chica en el portal de un edificio de Pamplona durante la fiesta de Sanfermines en julio de 2016, y se habían grabado a sí mismos.
Fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por "un delito continuado de abuso sexual", pero ahora podrán quedar en libertad provisional bajo fianza de 6 mil euros, a la espera de que se examine su caso en apelación.
Las organizaciones feministas llamaron a manifestarse el jueves, desde que se adelantó la noticia en medios locales, y en total miles salieron a las calles de Barcelona, Pamplona y el País Vasco.
Este viernes están previstas más movilizaciones en Madrid, Sevilla - de donde son originarios los agresores -, Valencia, Zaragoza y Granada, entre otras ciudades.
"Ira y estupor por la libertad de La Manada", titulaba el diario conservador ABC. "El tribunal de 'La Manada' redobla la ira al dejarlos libres", encabezaba por su lado el rotativo catalán La Vanguardia.
En su decisión, publicada este viernes, el tribunal de Navarra explica que no ve riesgo de reincidencia ante "la repercusión del caso y la presión que ha desatado" en contra de los cinco jóvenes.
Si pagan la fianza, los condenados, que llevan prácticamente dos años en prisión preventiva, estarán sometidos a estricto control: prohibición de salir de España sin autorización judicial, retirada del pasaporte, obligación de presentarse en el juzgado más próximo los lunes, miércoles y viernes, y prohibición de viajar a Madrid, donde reside su víctima, ahora de 20 años.
Uno de los jueces, no obstante, emitió un voto discrepante, y se pronunció a favor de su mantenimiento en prisión preventiva incondicional durante la mitad de su pena, es decir, cuatro años y medio.
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