El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un alza a la tarifa de peaje del Metro de Santiago; la maniobra fue inmediatamente respondida, sobre todo por jóvenes estudiantes, a través de protestas que derivaron en violencia reprimidas por el Ejército: hasta ahora hay 11 muertos.
Con una inflación de 2% anual, una pobreza por ingreso de 8.6% y un crecimiento esperado para este año de 2.5%, uno de los más altos en una región en crisis, el llamado modelo chileno era la envidia de muchos en América Latina, aunque sus indicadores sociales --como salud, educación y pensiones-- escondían demasiadas iniquidades.
- Detrás de la estabilidad política y cifras macroeconómicas, amplios sectores quedaron excluidos
Lucía Dammert, analista de la Universidad de Santiago de Chile, emitió en entrevista para la agencia AFP un cuadro clínico para explicar el proceso:
Desde afuera sólo se veían los logros de Chile, pero dentro hay altos niveles de fragmentación, segregación y una juventud, que si bien no vivió la dictadura, que se restó de votar hace muchos años, pero que se hartó y salió a las calles a mostrar su rabia y decepción.
Los números en Chile
El origen del estallido social fue por el aumento de 3% en las tarifas del Metro, un incremento que el presidente Sebastián Piñera canceló el sábado cuando las manifestaciones estaban fuera de control y habían sumado reclamos históricos de la clase trabajadora.
Desigualdad crónica, en un país que ostenta el ingreso per cápita más alto de América Latina --más de 20 mil dólares--, un criticado sistema de pensiones que jubila a la mayoría con rentas inferiores al salario mínimo --de unos 400 dólares--, elevados costos en salud y educación y la constante presión del mercado inmobiliario que hace a muchos imposible acceder a una vivienda, formaron un cóctel difícil de contener, según analistas.
El jefe militar a cargo de la seguridad de Santiago, Javier Iturriaga, decretó este lunes por tercer día consecutivo toque de queda nocturno para hacer frente a las incesantes protestas sociales, que dejan ya 11 muertos en todo Chile a través de diversas ciudades que se sumaron a las quejas.
Medidas extremas
Sebastián Piñera implantó un estado de emergencia por las protestas y la violencia --restringe libertades de reunión y movilización e implicó la salida de miles de militares a las calles de Santiago-- tras el alza al precio del Metro, uno de los servicios que ha venido aumentado, al igual que el agua y la luz.
La situación económica también afecta a los adultos mayores, que pertenecen al sector más pobre de los chilenos, y por no cotizar para su vejez reciben una pensión solidaria de unos 110 mil pesos (159 dólares). La desigualdad económica se arrastra por décadas, alcanza a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y atraviesa todos los Gobiernos democráticos que siguieron, incluidos dos de Michelle Bachelet, y el actual segundo mandato de Piñera.
La falta del subterráneo, que tiene sólo una de seis líneas funcionando parcialmente transporta a 2.4 millones de personas diarias, por lo que la situación derivó en la suspensión casi generalizada de clases, incluidos los universitarios, en la capital donde viven siete de los 18 millones de chilenos.
Esta es la primera vez que Chile vive en estado de emergencia y toque de queda desde que se recuperó la democracia en 1990. Ni siquiera las multitudinarias protestas contra la dictadura militar que partieron en 1983, reprimidas por los militares, se vieron los actos de vandalismo surgidos en Chile en los últimos días.