El gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia decidió expulsar de su territorio a diplomáticos de México y España, los que deberán dejar el país en un plazo de 72 horas.
Áñez declaró persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández.
La medida parece agravar la crisis generada en los últimos días debido a que funcionarios de la embajada española intentaron entrar en la sede diplomática de México en La Paz, donde permanece un grupo de exfuncionarios que fueron parte del gobierno del expresidente Evo Morales.
Tras el anuncio de Áñez, la ministra interina de Exteriores, Karen Longaric, declaró a los medios que la determinación del Gobierno boliviano "no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas" ni con México ni España.
México reaccionó
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de "resguardar su seguridad e integridad", señaló en un comunicado.
Agregó que "la Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento".
Los puntos clave del conflicto diplomático
El Gobierno boliviano acusó el pasado viernes a la Embajada de España en La Paz porque funcionarios de esa delegación diplomática iban en vehículos oficiales "encapuchados" y "presumiblemente armados" y que intentaron ingresar de forma "clandestina" a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una decena de exautoridades de Evo Morales.
Cuatro de esas exautoridades tienen órdenes de aprehensión, ya que el Gobierno interino de Jeanine Áñez los acusó por distintos delitos como terrorismo.
Mientras que México ha demandado al gobierno de Bolivia por el acoso a través de la vigilancia policial en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, una acción que ha sido calificada por las autoridades de México como un "asedio".