Debido a que el gobierno de Venezuela busca impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa el domingo durante la elección de la Asamblea Constituyente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las acciones del estado venezolano, al tiempo que lo llamó a dejar sin efecto estas medidas y a ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH destacó que venezolanos, partidos de oposición, asociaciones ciudadanas y académicas, así como países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han llamado a la suspensión del proceso electoral, ya que este no puede llevarse adelante bajo las restricciones citadas.
También condenó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de prohibir el ejercicio del derecho a manifestarse y a la reunión pacífica, medida anunciada tras cuatro meses de protesta en Venezuela, en las que se han registrado al menos 113 personas fallecidas, detenciones masivas y aperturas de juicios en la jurisdicción penal militar en contra de manifestantes y líderes políticos y sociales.
Entre las acciones que cuenta la CIDH como medidas para impedir la libertad de prensa se cuentan:
- Haber negado la entrada al país del periodista argentino Jorge Lanata, por no contar con una visa de periodista.
- Declarar inadmisibles en territorio venezolano a los reporteros portugueses Luis Garriapa y Odacir Junior, de la Sociedade Independente de Comunicação.
- Negar, a través de su embajada en México, la acreditación y visado a los periodistas mexicanos Lourdes Murguía y Antonio Mandujano, del canal Imagen Televisión.
- Haber expulsado del país a por lo menos seis periodistas extranjeros en lo que va de 2017.
- Negar credenciales de acreditación a organizaciones de prensa de relevancia local como el Correo del Caroní y El Pitazo.
Ante todo ello, la Relatoría Especial de la CIDH hizo un llamado al Estado venezolano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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