La ONU exhortó este jueves a los países latinoamericanos a seguir acogiendo a los refugiados venezolanos, y denunció las nuevas exigencias en las fronteras implementadas por Ecuador y Perú.
En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el director general de la Organización para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, pidieron un mayor apoyo de la comunidad internacional a medida que "aumenta el éxodo", y se declararon "preocupados ante varios acontecimientos recientes que afectan a los refugiados y migrantes que proceden de Venezuela".
Las dos agencias de la ONU se refirieron en particular a las nuevas exigencias en materia de pasaportes y de entrada en las fronteras de Ecuador y Perú, así como las modificaciones introducidas a los permisos temporales de residencia de los venezolanos en Perú.
Colombia
Colombia, que ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y ha regularizado temporalmente a 820 mil de ellos, denunció la medida tomada por sus vecinos, alegando que ello favorece las migraciones clandestinas.
Perú
Por otra parte, más de 400 mil venezolanos ingresaron a Perú en los últimos dos años, en el marco de la política de puertas abiertas que inicialmente ofrecieron las autoridades ante la crisis social y económica que vive Venezuela.
- Perú decidió luego exigir pasaporte a los venezolanos que huyen de su país, al detectarse ingresos con cédulas falsas.
Brasil
Las tensiones migratorias se incrementan también en otros países de América Latina, como en Brasil, donde se han producido violentos disturbios entre migrantes y población local.
Según la OIM y el ACNUR, de los 2.3 millones de venezolanos que viven en el extranjero, más de 1.6 millones han huido desde 2015, cuando el país se sumió en una grave crisis económica y política. El 90% de ellos se han refugiado en países de la región.
Según la ONU, los más vulnerables, como los adolescentes, las mujeres, las personas que buscan a sus familiares y los niños no acompañados, "no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación, y por tanto están expuestos a un riesgo mayor de explotación, de trata y de violencia".
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