Construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos requerirá expropiar cientos de terrenos privados, lo que supondrá una ardua tarea legal que podría tomarle años al gobierno federal, informó el diario "The Wall Street Journal" (WSJ). La publicación señala que el muro fronterizo supondrá negociar de manera individual con los dueños de territorios en la frontera, lo que requerirá "una cantidad asombrosa de papeleo e investigación".
De acuerdo con expertos legales sobre el llamado "dominio eminente", que es la prerrogativa que tiene el gobierno de Estados Unidos de expropiar terrenos por razones del bien público, dueños poco cooperativos podrían dificultar los planes del gobierno.
Alrededor del 67% de los tres mil kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México está constituido por tierras privadas o estatales, la mayoría de ellas en Texas, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. El gobierno federal puede expropiar tierras privadas para usos públicos, pero la Constitución ordena que los dueños de propiedades reciban una "compensación justa".
Los abogados consultados por The Wall Street Journal expresaron que el gobierno federal tendría pocos problemas para demostrar el uso público en el caso del muro, pero que esto sería sólo un primer paso en "un proceso que puede llevar años".
"Podría tomar meses o incluso años para que la administración Trump negociara individualmente con los cientos de dueños de tierras privadas a lo largo de la frontera". Robert McNamara, abogado experto en el tema.
La nota precisó que los propietarios además pueden presentar sus propios avalúos, y que aquellos que se resistan a vender pueden encontrar aliados en gobiernos estatales.
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