Trump pagó 30 mil dólares por el silencio de un portero

Los empleados del Enquirer pidieron no ser identificado. Foto: AP

Ocho meses antes de que la empresa propietaria del National Enquirer pagase 150 mil dólares a una ex conejita de Playboy que dice haber tenido una relación sentimental con Donald Trump, la firma hizo un pago de 30 mil dólares a otra persona menos conocida: un ex portero de uno de los edificios del hoy presidente de Estados Unidos.

Igual que sucedió con la conejita, el Enquirer hizo firmar al portero un contrato comprometiéndose a no hablar en público acerca de una jugosa información que podía perjudicar la campaña presidencial del magnate.

El pago a la ex Playmate Karen McDougal se mantuvo en secreto hasta que The Wall Street Journal publicó la historia pocos días antes de las elecciones del 2016. Desde entonces, la curiosidad sobre ese arreglo ha recibido mucha cobertura periodística y fue uno de los factores que motivaron esta semana una redada de las oficinas y de la habitación del hotel en que se alojaba el abogado personal de Trump Michael Cohen.

  • La historia del ex portero, Dino Sajudin, no había trascendido hasta ahora.

La Associated Press confirmó los detalles del pago mediante una revisión de un contrato confidencial y entrevistas con decenas de empleados y ex empleados del Enquirer y de su casa matriz, American Media Inc. Sajudin cobró 30 mil dólares a cambio del compromiso a perpetuidad de no hablar del chisme que había escuchado sobre la vida sexual de Trump: que había tenido un hijo con una empleada de la Trump World Tower, un rascacielos de su propiedad cerca de las Naciones Unidas. El contrato fijaba una multa de un millón de dólares si Sajudin revelaba el rumor o los términos del acuerdo.

Cohen admitió que había hablado sobre la historia de Sajudin con la revista cuando el tabloide trabajaba en ella. Dijo que hacía de representante de Trump y negó haber sabido nada de antemano sobre el pago al ex portero.

Los paralelos entre las historias de la ex conejita y del ex portero con el Enquirer plantean nuevos interrogantes acerca del papel que el tabloide y Cohen pueden haber desempeñado en sus esfuerzos por proteger la imagen de Trump durante la campaña presidencial. Fiscales están investigando si Cohen violó alguna ley en relación con el pago de American Media a McDougal y otro desembolso de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels que hizo Cohen de su propio bolsillo.

Los investigadores han tratado de obtener las comunicaciones entre Cohen, el director de American Media y el jefe de redacción del Enquirer, según informó el New York Times.

American Media ha dicho que cumplirá con todo pedido que no comprometa o viole la protección de sus fuentes o materiales amparados por la Primera Enmienda de la constitución, que protege la libertad de expresión. La Casa Blanca no respondió a pedidos de comentarios.

Una publicación de la misma empresa, RadarOnline, difundió el miércoles detalles del pago y el rumor que tenía Sajudin. El portal dijo que el Enquirer investigó durante cuatro semanas el chisme y decidió que no era cierto. La firma liberó a Sajudin de su compromiso de no hablar después de las elecciones del 2016, en momentos en que el Journal buscaba información sobre el pago. El portal destacó que la AP fue una de varias publicaciones que investigaron el rumor del portero.

Durante la investigación de la AP, American Media amenazó con acudir a los tribunales por los intentos de la agencia de entrevistar a empleados y ex empleados de la empresa y contrató a la oficina de abogados Boies Schiller Flexner, que corroboró la veracidad de todo lo que publicaba la AP.

Al ser interrogado sobre el pago el año pasado, Dylan Howard, principal editor del Enquirer y ejecutivo de American Media, dijo que lo hizo para asegurarse la cooperación exclusiva del portero porque la noticia, de ser cierta, hubiera vendido cientos de miles de revistas. Pero agregó que, al final de cuentas, la versión carecía de toda credibilidad, por lo que se decidió no publicarla.

Cuatro empleados del Enquirer al tanto de lo sucedido, sin embargo, cuestionan la versión de Howard y dicen que se les ordenó dejar de investigar el asunto, sin seguir pistas prometedoras.

Aseguran que la revista no respetó las prácticas tradicionales, incluidas vigilancias y tácticas para comprobar la paternidad. En el 2008 el Enquirer ayudó a descarrilar la candidatura presidencial de John Edward al escarbar en la basura y encontrar material que permitió hacer un análisis de ADN que reveló que el político había tenido un hijo con su amante, según un ex empleado.

La mujer del rumor sobre la paternidad de Trump negó ante la AP en agosto del año pasado haber tenido una relación con el magnate.

  • La AP no ha podido corroborar si el rumor es cierto o no y por lo tanto no publica el nombre de la mujer.

Los empleados del Enquirer, todos con años de experiencia en la negociación de contactos con fuentes informativas, dicen que la suspensión abrupta de la investigación, combinada con la multa de un millón de dólares, los hacen pensar que se trató de una típica maniobra usada por el tabloide en la que paga por información que no usa, como favor hacia alguna celebridad o para presionar a alguien.

Un ex periodista del Enquirer, que no estuvo involucrado en el caso de Sajudin, se mostró escéptico de que la empresa pague por una información que no usa.

American Media no libra cheques por 30 mil dólares para no usar la información, afirmó Jerry George, quien fue reportero y editor durante casi tres décadas antes de ser dado de baja por American Media en el 2013.

La empresa dijo que David Pecker, editor de American Media y firme partidario de Trump, no había coordinado la cobertura con allegados a Trump ni aceptado directrices de Trump. Admitió haber hablado del rumor del portero con representantes de Trump, en lo que describió como un procedimiento típico en casos de esta naturaleza.

Los empleados del Enquirer, igual que decenas de empleados y ex empleados de American Media entrevistados por la AP en el último año, pidieron no ser identificado, aduciendo que la empresa les hace firmar contratos de confidencialidad.

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